El documento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que indagó la violencia y violaciones de derechos humanos en 2019, también contiene recomendaciones para la elaboración de planes de investigación, entre ellas garantizar transparencia, oportunidad y participación de las víctimas en las investigaciones penales que se abran o se fortalezcan por parte de la Fiscalía.
El informe proporcionado en exclusiva a La Razón por el GIEI, remarca que “las recomendaciones del GIEI en materia de investigación están dirigidas a quienes tienen responsabilidad sobre las instituciones de justicia, a quienes están encargados y encargadas del diseño e implementación de políticas públicas, y a los operadores de justicia que intervienen directamente en las investigaciones y procesos penales”.
Las sugerencias son: garantizar transparencia y objetividad del ejercicio de la acción penal; garantizar la realización de investigaciones adecuadas, oportunas y exhaustivas; garantizar la participación efectiva de las víctimas y de sus familiares en el proceso penal; investigar todas las categorías de violaciones a los derechos humanos; priorizar la investigación de hechos de violencia sexual y en razón de género; investigar todos los niveles de responsabilidad penal; y respetar las garantías del debido proceso de las personas procesadas.
Sobre el punto de “investigar todos los niveles de responsabilidad penal”, señala que la indagación “de las violaciones detalladas en este informe debe apuntar a establecer la responsabilidad de todas aquellas personas que contribuyeron, mediante sus acciones y omisiones, a su comisión. Además de la responsabilidad penal se deben investigar, dentro de un plazo razonable, las responsabilidades administrativas y disciplinarias de funcionarios y funcionarias públicas que dejaron desprotegidos y desprotegidas a las y los ciudadanos y contribuyeron con su actuación a la comisión de actos de violencia y discriminación”.
Añade que “estas responsabilidades incluyen situaciones de abuso de poder, como en el caso de los arrestos y aprehensiones arbitrarias a ciudadanos y ciudadanas documentados en este informe, así como las situaciones de denegación de derechos básicos, como la denegación de atención médica a victimas con base a criterios discriminatorios”.
