Tras la presentación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que estableció graves violaciones a los derechos humanos en los hechos de violencia de 2019 en Bolivia, el presidente Luis Arce pidió a la Asamblea Legislativa aprobar lo más antes posible el juicio de responsabilidades contra los responsables y anunció la desestructuración de grupos irregulares o “parapoliciales”.
“Exhortamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional a aprobar en el menor plazo posible el juicio de responsabilidades para establecer la autoría, (es decir) responsabilidades y sanciones de estas graves violaciones de derechos humanos”, dijo el Jefe del Estado en el acto de presentación del informe del GIEI, que se realizó en el Banco Central de Bolivia (BCB), en La Paz.
La autoridad agregó que la historia “hoy nos convoca a todos a estar a la altura de las circunstancias para que se haga justicia” y en ese sentido espera que “todas las fuerzas políticas asuman esta responsabilidad que se traduce en un compromiso con la democracia”.
Pues, según el Jefe del Estado, los hechos y argumentos legales demuestran con claridad que en Bolivia se dio un golpe de Estado en 2019, cuando en medio de un conflicto poselectoral renunció a la presidencia Evo Morales y luego asumió el mando del país la entonces segunda vicepresidente del Senado Jeanine Áñez a través de un cuestionado proceso de transición.
Asimismo, a partir del trabajo del GIEI, se pudo establecer que “hubo graves violaciones a los derechos humanos, que se perpetuaron masacres y ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno de facto”, remarcó Arce, quien considera que este informe del grupo de expertos “debe servir para que lo sucedido en Bolivia no se repita nunca más”.
Además, en este mismo contexto, el Presidente asumió un “firme compromiso” de implementar todas las recomendaciones planteadas por el GIEI de acuerdo a los principios de la institucionalidad democrática y la Constitución del país.
Y en ese sentido, también “anunciamos al pueblo boliviano, que según las recomendaciones planteadas, derogaremos el Decreto Supremo 4461 (que concede amnistía e indulto a ‘perseguidos políticos’) y estableceremos una comisión del más alto nivel para avanzar en el censo de las víctimas y su correspondiente reparación integral”, añadió.
Del mismo modo, siguiendo la sugerencia del GIEI, la autoridad informó que se va a “desestructurar toda organización parapolicial y grupos irregulares creados como fuerzas de represión paralela al Estado” durante la crisis de 2019, como la denominada Resistencia Juvenil Cochala.
