Las organizaciones políticas de oposición, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, y el llamado Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) fijaron una solo posición respecto al informe del GIEI sobre la crisis de 2019 y acusaron al expresidente Evo Morales de activar los conflictos por sus afanes de repostulación indefinida.
“El informe confirma la certeza de que las causas determinantes de la crisis de violencia del 2019 es la desinstitucionalización del Estado y la aguda polarización provocada por acciones de Evo Morales y sus colaboradores para quedarse indefinidamente en el poder, vulnerando la CPE, el referendo del 21F, la institucionalización democrática”, refiere el comunicado conjunto.
La alianza CC la lidera el expresidente Carlos Mesa y Creemos el excívico y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, mientras que el Conade tiene como dirigente a Manuel Morales. Los tres fueron actores centrales en las protestas que denunciaban fraude electoral y que derivaron en la renuncia de Evo Morales.
También reparan en el comunicado que “el informe se infiere que las investigaciones en Bolivia por violaciones a derechos humanos, especialmente con relación a todas las muertes ocurridas, por acción directa de las fuerzas de seguridad del Estado o de particulares podrían quedar en la impunidad y ser politizadas a través de una fiscalía y justicia selectivas si no se dejan sin efecto la amnistía e indulto discriminatoria del presidente (Luis) Arce Catacora y el arbitrario sobreseimiento del caso fraude electoral anunciado por el Fiscal General del Estado”.
Juan Mendez, miembro del GIEI, recordó en una conferencia de prensa que Arce comprometió anular el decreto de amnistía aprobado en febrero de 2021. “Hay que destacar que el Presidente anuncio la próxima derogación del decreto de amnistía y también anunció un censo de víctimas, un plan de reparación integral”.
El decreto de amnistía refiere que se benefician las personas que “fueron procesadas penalmente durante el Gobierno de facto, en franca vulneración de los derechos humanos, garantías y libertades constitucionales, por la presunta comisión de delitos que tengan relación directa con los conflictos sociales dentro la crisis política institucional del Estado acaecida en el país entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020”.
El grupo de expertos constató hechos como violación de derechos humanos, torturas y masacres en Sacaba y Senkata en 2019.
