El embajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro, señaló este jueves que, según las investigaciones realizadas en el país vecino, las gestiones para el envío de pertrechos argentinos durante los conflictos poselectorales de 2019 se realizaron mediante comunicaciones verbales, para evitar dejar evidencias.
«Tengo certeza, porque fue un método utilizado por (el expresidente Mauricio) Macri al final de su gobierno, de mandar todas las ordenes a través de comunicaciones verbales, nada escrito, nada que quedara asentado en el sistema informático o como registro de notas del sistema informático que la embajada tiene con la Cancillería, todo se hizo de forma verbal», informó en el programa de streaming Piedra, Papel y Tinta de La Razón.
El escándalo por el despacho de pertrechos por parte de Argentina a Bolivia estalló tras develarse una nota de agradecimiento por esa acción que había enviado el 13 de noviembre de 2019 el entonces comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Jorge Terceros, al embajador argentino en funciones, Normando Álvarez. Aunque luego Álvarez negó haber recibido la misiva, una de cuyas copias fue encontrada por su sucesor Ariel Basteiro y la otra se encuentra archivada en la FAB.
A su juicio, las autoridades operaron de forma similar en el caso del envío de armamento de Ecuador a Bolivia, que también apoyó al gobierno transitorio de Jeanine Áñez, mientras se registraban conflictos sociales en Bolivia.
«Fue un método de encubrir todo y segundo que fue un método utilizado con Ecuador, llamado de la exministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, yo creo que con Argentina se actuó de la misma manera: un contacto directo con Mauricio Macri, u otras autoridades para que enviaran ese material», subrayó.
El diplomático explicó que todo el trámite «muestra que hubo intencionalidad de encubrir ese contrabando, en Argentina».
Asimismo cuestionó que la justicia argentina avanza las investigaciones de manera más activa que la propia justicia boliviana, porque en la Argentina está imputado el expresidente, cuatro ministros, cuatro comandantes de gendarmería, el responsable de la Aduana, «muchas personas involucradas de alta jerarquía», mientras que en Bolivia sólo se imputó a tres personas.
