La vicepresidenta del Concejo Municipal de La Paz, Roxana Pérez del Castillo, informó que el órgano legislativo edil se reunirá esta mañana para interpelar, una vez más, a cinco autoridades municipales de la gestión del alcalde Iván Arias.
En entrevista con La Razón Radio, explicó que José Carlos Campero (secretario Ejecutivo Municipal), Eduardo Galindo (secretario de Gestión Ambiental), Fausto Terrazas (subalcalde de Cotahuma), Grover Lazo (subalcalde de Max Paredes) y Jimmy Osorio (subalcalde del Macrodistrito Centro) serán interpelados por presunta inacción frente los estragos producidos por las lluvias.
La sesión para abordar la interpelación se realizará esta mañana, a las 10.30. “El pliego que se tratara está vinculado a la falta de recursos en la prevención de riesgos”, dijo.
En febrero, tras la censura de autoridades, el burgomaestre destituyó a ocho funcionarios jerárquicos y, minutos después, volvió a posesionarlos en el cargo. La destitución fue obligada por una disposición judicial.
Las autoridades destituidas fueron Campero, Galindo, Terrazas, Lazo, Osorio, Mónica Chuquimia (secretaria de Desarrollo Económico), Sergio Saavedra (intendente) y Enrique Villanueva (secretario de Movilidad).
La concejala aseguró que, en aquel entonces, los funcionarios fueron interpelados y, luego, censurados por autorizaciones a asentamientos ilegales en la ciudad y emisión de licencias de funcionamiento de “forma irregular” a distintos rubros.
A su vez, explicó que, en caso de que los cinco funcionarios sean censurados, Arias deberá destituirlos definitivamente. De lo contrario, el Concejo podrá abrir un juicio penal por incumplimiento a la ley.
Sin embargo, consideró que, mientras duren las emergencias por lluvias en el municipio, “hay que ponerse el casco y salir a trabajar por la gente”. Luego, se verán los censuras y procesos que correspondan.
“Hay que despojarnos de los colores políticos por ahora”, indicó.
El martes, el Concejo aprobó la segunda censura a cinco altos cargos ejecutivos de la Alcaldía y ahora alista una denuncia penal contra el alcalde Arias y las autoridades que retornaron a sus cargos.
Pérez del Castillo aseguró que esa sesión fue un segundo pronunciamiento de “desconfianza” en las autoridades municipales.
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