El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que estableció graves violaciones a los derechos humanos en Bolivia durante el último trimestre de 2019, entregó este viernes a las víctimas de Montero, Santa Cruz, el informe de su trabajo y les instó a insistir en la implementación de todas sus recomendaciones para que su investigación no quede solo en palabras.
“Hemos pedido al Gobierno que no deje este informe simplemente con palabras, hemos pedido al Gobierno crear un mecanismo de implementación de las 36 recomendaciones que están en este informe (y ahora estamos) esperando también que ustedes van a apoyar e insistir en la implementación de las recomendaciones”, dijo Julian Burger, integrante del GIEI.
Entre sus recomendaciones, el GIEI sugirió al Estado Plurinacional adoptar un plan de atención y reparación integral a las víctimas de la crisis de 2019, realizar un censo de todos los afectados conforme al principio de universalidad, y promover actos públicos para reconocer su dignidad.
Asimismo, entre varios otros puntos, recomendó investigar —de manera seria, efectiva, exhaustiva, diligente, con pleno respeto del debido proceso y de los derechos de las víctimas y de las personas imputadas y procesadas—, juzgar y, en su caso, aplicar sanciones a los responsables de los hechos documentados en su informe.
Por su parte, Patricia Tappatá, otra integrante del GIEI, dijo que en el caso de Montero “hubo enorme dificultad para avanzar (en las investigaciones) porque hay una multiplicidad de hechos y hay algunas cuestiones confusas”.
“Sin embargo, nosotros hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance y ahora es el rol de los familiares de las víctimas y de todos los que quieran obtener justicia usar el informe para empujar (con el fin de) que las instituciones de Bolivia hagan su papel; (pues) en todos los lugares del mundo cuesta obtener justicia, pero en algunos lugares cuesta un poco más cuando la institucionalidad falla”, remarcó Tappatá.
