El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha rechazado las acusaciones de persecución política lanzadas en bloque por la oposición tras la investigación abierta por la Fiscalía General de la República al dirigente del Partido de Acción Nacional (PAN) Ricardo Anaya por supuestamente percibir sobornos para aprobar la reforma energética impulsada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Anaya se ha propuesto como candidato presidencial para 2024.
«No tengo nada que ver con la persecución que supone Ricardo Anaya. No es mi fuerte la venganza. Si la Fiscalía y el Poder Judicial lo acusan de corrupción y es inocente, que no se ampare ni huya; que se defienda con pruebas y con la fuerza de la verdad», ha argumentado López Obrador.
«Ya no es el tiempo de antes: puede haber políticos presos pero no presos políticos», ha remachado el dirigente mexicano en un mensaje publicado en redes sociales.
Anaya ha publicado un vídeo en el que acusa a López Obrador de querer meterlo en la cárcel en un proceso judicial basado en las declaraciones en su contra del exdirector de la petrolera estatal PEMEX Emilio Lozoya, detenido e investigado por corrupción.
«López Obrador me quiere fregar a la mala. Le estorbo para sus planes de sucesión en el 2024. No quiere que yo sea candidato. Y me quiere encarcelar porque no le gusta lo que digo», ha argumentado. Así, ha anunciado que ha decidido «estar fuera una temporada breve» para evitar que le inhabiliten.
Anaya, candidato a la Presidencia en 2018, está siendo investigado por posibles delitos de enriquecimiento ilícito y probables operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Los dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortés; el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, han defendido el derecho a disentir, han denunciado la «persecución política» y han rechazado «judicializar la política».
También el dirigente de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, ha condenado «el uso faccioso de las instituciones del Estado para silenciar a las oposiciones».
