Después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió enviar a la Asamblea Legislativa la proposición acusatoria contra la expresidenta Jeanine Áñez por los masacres de Sacaba y Senkata para un eventual juicio de responsabilidades, el Movimiento Al Socialismo (MAS) y Comunidad Ciudadana (CC) continúan enfrascados en sus posturas encontradas y ninguno todavía muestra señales de un posible acercamiento para autorizar ese procedimiento contra la exmandataria transitoria.
Sin embargo, en la Asamblea Legislativa, el oficialismo ya no tiene los dos tercios de votos que se requiere para aprobar un juicio de responsabilidades, por lo que necesitará generar algún acercamiento con la oposición para tratar de lograr su objetivo de procesar a Áñez por las masacres de Sacaba y Senkata, que dejaron 20 muertos.
En ese sentido, el diputado del MAS, Juanito Angulo, en diálogo con La Razón Radio, dijo que la Asamblea Legislativa tiene una “gran responsabilidad” y que ni siquiera se debe tratar de “negociar o no” el posible juicio de responsabilidades contra Áñez.
Porque “las muertes no se pueden negociar y el GIEI ya ha hecho la investigación; los hechos y los responsables están establecidos categóricamente en su informe (y también determina) cuál fue el instrumento legal con el cual se ha masacrado, (es decir) el Decreto Supremo 4078 y quien ha firmado eso es la señora Áñez, (…) entonces hay suficientes elementos probatorios que atribuyen su responsabilidad y frente a eso los legisladores debemos asumir nuestra responsabilidad de manera consciente”, afirmó Angulo.
Mientras, el diputado de CC, Marcelo Pedrazas, también en contacto con La Razón Radio, subrayó que este tipo de hechos ameritan ser investigados “en la altura y en la medida de su complejidad”.
Aunque actualmente “estamos viendo el desarrollo del mismo con una excepción simplemente de enjuiciar a una sola persona (de manera acelerada), cuando el informe del GIEI ha dicho de forma contundente y taxativa que hay una violación de derechos humanos en dos gobiernos”, indicó Pedrazas.
El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) estableció que en el último trimestre de 2019 —es decir durante la parte final del gobierno de Evo Morales y el inicio de la gestión de Áñez— se cometieron graves violaciones a los derechos humanos en Bolivia y asimismo determinó que hubo masacres y ejecuciones sumarias durante el mandato transitorio.
Y la “proposición acusatoria (contra Áñez) se refiere (solo) a las masacres de Senkata y Sacaba (y sobre esos hechos) el informe del GIEI también establece que se han realizado ejecuciones sumarias y recomienda básicamente el enjuiciamiento y el procesamiento (contra los) responsables”, añadió Angulo.
