El secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Jaime Vidal Melero, recordó este viernes que el Decreto Supremo 4078, emitido por el gobierno de Jeanine Áñez, fue el “principal instrumento” con el que se buscó “dotar de cobertura legal a la represión” en Bolivia durante la crisis de 2019.
“En su informe final, el GIEI identificó el Decreto 4078 sobre actuación de las FFAA (Fuerzas Armadas), como el principal instrumento con el que se pretendió dotar de cobertura legal a la represión del Estado tras su promulgación, el 14 de noviembre de 2019”, escribió Vidal Melero en un hilo en Twitter, en coincidencia con la tensión actual en Bolivia sobre la detención de Áñez.
Asimismo, en otro mensaje, subrayó que el informe del GIEI destaca que, de hecho, esta normativa fue “una de las primeras acciones implementadas en el gobierno de Jeanine Áñez”.
El primer artículo del cuestionado decreto de Áñez establece “la participación de las Fuerzas Armadas (…) en la defensa de la sociedad y la conservación del orden público en apoyo a las fuerzas de la Policía Boliviana a fin de reafirmar y consolidar la unidad y la pacificación del país”.
Y el tercer artículo aclara que “el personal de las FFAA, que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública, estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales actúen en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”.
Es así que con el respaldo a esa norma, emitida a dos días de la asunción de Áñez tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia el 10 de noviembre de 2019 (en medio de protestas por un presunto fraude electoral, un motín policial y una sugerencia de las FFAA para que dimitiera), los militares salieron a las calles y su intento por tratar de controlar la convulsión social terminó en masacres.
Aunque –según recuerda también Vidal Melero– desde su publicación, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación por el contenido de ese decreto y, de hecho, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó en su momento que esa normativa “desconoce los estándares internacionales de derechos humanos y estimula la represión violenta” porque los alcances “de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar violaciones de derechos humanos”.
La norma fue abrogada el 28 de noviembre de 2019, pero “para entonces las masacres de Senkata y Sacaba, los dos hechos de violencia con mayor número de víctimas mortales como resultado de un operativo conjunto entre FFAA y la Policía, ya habían acontecido el 15 y 19 de noviembre” dejando 20 muertos, enfatizó el secretario ejecutivo del GIEI.
Este pronunciamiento surge a un día de que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió enviar a la Asamblea Legislativa la proposición acusatoria contra Áñez por las masacres de Sacaba y Senkata para un eventual juicio de responsabilidades.
El oficialismo en la Asamblea Legislativa no tiene dos tercios de votos para aprobar el juicio de responsabilidades y necesita del apoyo de la oposición.
Además, coincide con la tensión que actualmente genera en el país la detención de Áñez en la cárcel de Miraflores de La Paz. El sábado, la exmandataria se autolesionó con un clip de escritorio, incidente que fue considerado por los abogados de la recluida como un “pedido de auxilio” sobre su situación psicológica.
Sendas marchas en los alrededores de la penitenciaría, el miércoles, derivaron en enfrentamientos entre movilizaciones a favor y en contra de la detención.
