El Gobierno envió al secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, una copia del informe de los expertos del GIEI sobre los hechos de violencia y muerte en la crisis de 2019 y ratificó el compromiso del presidente Luis Arce de implementar las recomendaciones en el marco de una investigación transparente y seria en busca de justicia para las víctimas.
El embajador en la ONU, Diego Pary, informó de la remisión del documento y consideró que la “comunidad internacional debe conocer la verdad histórica de los hechos acaecidos en Bolivia”, porque “los derechos humanos son la base fundamental en toda democracia”.
El contenido de la carta que acompaña el documento da cuenta del trabajo desarrollado en ocho meses por los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019, antes, durante y después de la renuncia del expresidente Evo Morales.
“Durante el golpe de Estado desarrollado en el último trimestre del año 2019 se cometieron graves violaciones de los derechos humanos, masacres y ejecuciones sumarias producto de lo cual al menos 38 personas perdieron la vida en diversos lugares y ciudades del país”, establece parte de la misiva de Pary a Guterres.
También da cuenta del “uso desproporcionado de armamento” y de “torturas en cárceles, denegación de acceso a la salud, además de un claro discurso de odio, racismo y discriminación por razón de raza, color de piel y hasta género”.
En el informe se hace un recuento de diferentes hechos ocurridos antes y después de la dimisión de Morales, el 10 de noviembre en medio de la crisis social y política. Se califica de masacres la veintena de muertes por impactos de bala en Sacaba y Senkata tras la intervención policial-militar a protestas de sectores en favor del expresidente.
Pary hace conocer a Guterres el compromiso asumido por Arce de implementar las más de 30 recomendaciones del GIEI en diferentes áreas, entre ellas la Justicia.
“Implementará las recomendaciones realizadas por el GIEI en el marco de una investigación transparente, independiente, sería e idónea con el propósito de esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y obtener las reparaciones necesarias para los heridos física y psicológicamente, así como para las familias de los fallecidos”, se sostiene en la parte final de la carta.
El grupo del GIEI fue parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
