En medio de la crisis económica que atraviesa el país, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5470, que dispone que todas las instituciones públicas que aún no hayan cancelado las vacaciones acumuladas de sus funcionarios deberán efectuar el pago en un plazo máximo de 45 días calendario.
La norma, suscrita por el presidente Luis Arce y su gabinete de ministros, busca garantizar los derechos laborales y reforzar el carácter irrenunciable y obligatorio del descanso anual, conforme al Estatuto del Funcionario Público.
El decreto establece que el pago de vacaciones no utilizadas solo podrá realizarse en casos excepcionales, como fallecimiento, renuncia, destitución, extinción de la entidad pública o mandato judicial.
Decreto
En tales situaciones, las entidades deberán efectuar el desembolso de oficio, sin requerir una solicitud del trabajador afectado.
La medida también modifica el artículo referente al aguinaldo de Navidad, disponiendo que el pago deberá realizarse hasta el 20 de diciembre de cada gestión a servidores activos y exservidores públicos.
Según el documento oficial, las instituciones que se financian con recursos propios deberán asumir el pago dentro de su presupuesto institucional, mientras que aquellas que dependen del Tesoro General de la Nación (TGN) podrán solicitar apoyo financiero tras una evaluación de su capacidad presupuestaria.
El decreto —aprobado en Consejo de Ministros el pasado miércoles y publicado por la Gaceta Oficial del Estado— recalca que el derecho a las vacaciones tiene como finalidad preservar la salud física y mental de los servidores públicos, además de fortalecer la eficiencia en el trabajo.
Con esta disposición, el Ejecutivo busca regularizar pagos pendientes en la administración pública, en un momento de restricciones fiscales y tensiones laborales en distintos sectores del país.
