La madrugada de este viernes, la Cámara de Diputados sancionó la Ley Corta Excepcional y Transitoria para Garantizar el Abastecimiento de Diesel y Gasolina en Situación de Emergencia que altera por completo la logística de importación de diésel y gasolina por el plazo de 90 días.
El proyecto de ley, impulsado por el Comité pro Santa Cruz, busca que exista una “coexistencia” de combustibles, tanto a precio subvencionado como a precio internacional. De esta manera, se busca dejar de lado la dependencia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
“Se debe tener en cuenta que, existirá una coexistencia de carburantes, ya sea a precio subvencionado o a precio liberado, la población podrá decidir cuál adquirir acorde a sus necesidades”, se lee en la exposición de motivos del proyecto.
Combustible
De acuerdo con la iniciativa, YPFB debe transparentar la información y comunicar con tiempo cuando no pueda cubrir el 100% de la demanda. En ese caso, se autoriza a privados y personas naturales importar el porcentaje que la petrolera estatal no logre abastecer.
Sin embargo, en el proyecto no se estable un costo referencial de los carburantes, lo que generó especulación y rechazo en algunos sectores, debido a que consideran que la medida solo beneficiará al empresariado cruceño, quienes sí puede comprar diésel y gasolina por encima de Bs 10 el litro, mientras que los precios subvencionados son menores a Bs 4.
Para proceder con la internación de carburantes, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) debe otorgar la Licencia Excepcional de Importación y Despacho Directo (LEIDD) mediante una ventanilla digital única, con un plazo máximo de 48 horas.
Proyecto
Además, el proyecto establece que debe ser la ANH la que se encargue de controlar la calidad del combustible, supervisará su comercialización y sancionará las infracciones que halle en el proceso.
Éste es uno de los puntos criticados por varios sectores, pues la norma es muy ambigua sobre puntos como dónde se almacenaría el diésel y la gasolina importados si no es en las plantas de YPFB. Aunque el proyecto busca que el combustible se comercialice directamente en las estaciones de servicio, transportistas alteran que esto puede repercutir en la calidad.
La ley también libera del pago del Impuesto a la Transferencia (IT) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las importaciones bajo este régimen temporal para abastecer la demanda de carburantes lo más rápido posible.
Aunque el proyecto se sancionó en Diputados, el Órgano Ejecutivo podría observarlo y retrasar su promulgación y entrada en vigor por una semana más. Desde el Comité pro Santa Cruz reconocen que la medida no es una solución definitiva, sino que se trata de un parche que busca aliviar el desabastecimiento de diésel que golpea a varios sectores y actividades económicas.
