El próximo 8 de noviembre marcará un nuevo hito en la historia boliviana, puesto que será el inicio de una nueva etapa política en Bolivia. Como en cada cambio de gobierno, la ciudadanía renueva sus expectativas y genera esperanzas en la posibilidad de superar los rezagos estructurales que frenan el desarrollo y la cohesión social; sin embargo, más allá del entusiasmo o la cautela natural del momento, es necesario reconocer que los retos y desafíos que enfrenta nuestro país exigen responsabilidad compartida y un diálogo efectivo entre Estado, sociedad civil y sector privado.
La población espera señales claras de estabilidad, certidumbre económica y fortalecimiento de la institucionalidad. La experiencia reciente nos ha demostrado que los ciclos políticos sin amplios consensos con toda la sociedad civil organizada, generan parálisis, desconfianza y pérdida de oportunidades. Es por ello que, uno de los principales retos del nuevo gobierno será reconstruir la confianza entre los distintos actores, a partir de la institucionalización del diálogo público-privado como política de Estado y una gestión pública más trasparente, previsible, técnica y orientada a resultados.
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En este contexto, la sociedad civil organizada, en especial la institucionalidad empresarial, tiene un rol esencial, puesto que, las organizaciones empresariales además de representar los intereses sectoriales, también se constituyen en un espacio de articulación, propuesta y servicio público desde la iniciativa privada. Su aporte no se limita a la generación de empleo y tributos, también aportan al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática a través de la promoción del diálogo, la ética empresarial y la corresponsabilidad con el bienestar social y la sostenibilidad.
El sector empresarial boliviano en diferentes momentos de la historia, siempre ha demostrado su resiliencia frente a las crisis políticas, sanitarias y económicas. Es así que, hoy más que nunca necesita condiciones que le permitan dinamizarse, invertir, innovar y competir en un entorno global exigente y para ello es relevante la implementación oportuna de políticas públicas consensuadas y de alto impacto. Por su parte, el sector privado debe reafirmar su compromiso con la transparencia, la sostenibilidad y la inclusión, puesto que, en tiempos donde la legitimidad del liderazgo depende de su aporte al bien común, la empresa privada tiene que ser vista como aliada estratégica del desarrollo y no como un actor distante o ajeno a las preocupaciones ciudadanas.
El nuevo gobierno tiene ante sí la oportunidad de abrir un ciclo de cooperación sincera con el sector productivo, estableciendo reglas claras, respetando la institucionalidad económica, simplificando la burocracia y garantizando la seguridad jurídica, dejando en claro que ello es una condición básica para que el país crezca. “El fortalecimiento del tejido empresarial formal, la recuperación del empleo, la diversificación productiva y la estabilidad macroeconómica requieren un Estado que facilite y un sector privado que proponga, invierta y actúe con visión de largo plazo”.
Bolivia requiere reconstruir la confianza entre actores públicos y privados, y estos a su vez, con la sociedad civil en general. La construcción de un país más próspero y equitativo exige un nuevo pacto de cooperación entre todos los sectores, basado en la verdad, la transparencia y el respeto mutuo; además entendido como una renovada disposición colectiva a dialogar, reconocer las diferencias y buscar soluciones compartidas.
“El 8 de noviembre no debe ser únicamente la fecha de posesión del nuevo Gobierno, debe ser el punto de partida para la implementación de una agenda compartida con expectativas renovadas para el bien común de nuestra patria”.
(*) Gustavo Jáuregui Gonzáles es asesor empresarial, especialista en gerencia de organizaciones empresariales
