La Cámara Nacional de Industrias (CNI) informó que, gracias a las gestiones realizadas junto a empresas del sector lácteo y de bebidas, se logró detener el tratamiento del Proyecto de Ley 528/2024-2025 “Fomento y Desarrollo del Complejo Productivo Lácteo en Bolivia”, que pretendía restituir el ex Fondo ProLeche.
Según la entidad, esta acción representa un ahorro de alrededor de Bs 50 millones anuales para las empresas que hasta hace unos años debían aportar al mencionado fondo, lo que, señaló, alivia una carga económica que afectaba la competitividad industrial.
“Estas gestiones representan un ahorro en torno a 50 millones de bolivianos anuales a las empresas que contribuían con sus aportes a la constitución del citado Fondo”, señala el comunicado oficial de la CNI.
CNI
Ese proyecto de ley establecía la creación de la Retención por Comercialización e Importación de Bebidas Alcohólicas (RCIBA) para financiar el fondo lácteo. De esta manera, se buscaba retener Bs 0,40 por cada litro de cerveza importado o comercializado, lo que generó el rechazo de las industrias.
De acuerdo con la CNI, las acciones emprendidas fueron de carácter jurídico y económico, desarrolladas en coordinación con asociaciones departamentales e instituciones sectoriales, con el objetivo de evitar la aprobación de un proyecto que, según advirtió previamente, vulneraba el marco legal vigente y reproducía disposiciones ya rechazadas por la Asamblea Legislativa.
Ya que el jueves fue la última sesión de las cámaras de Diputados y Senadores, el proyecto no logró ser aprobado a tiempo y será archivado hasta la próxima legislatura.
La CNI reafirmó su compromiso con la defensa del sector industrial, destacando que continuará trabajando por soluciones sostenibles que impulsen la producción nacional “en el marco del respeto a la seguridad jurídica y la libre competencia”.
El proyecto de ley, impulsado bajo el nombre “Leche Para Crecer”, buscaba crear un nuevo fondo con características similares al extinto Fondo ProLeche, con aportes de las industrias de bebidas y lácteos. Sin embargo, el sector privado se opuso, argumentando que la medida era injustificada y perjudicial para la estabilidad económica del sector.
