Las principales organizaciones del sector agropecuario del país, la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), expresaron su respaldo a los senadores que impidieron la aprobación del Proyecto de Ley 118/2024-2025 “Ley por los Bosques y otros Sistemas de Vida”, durante la última sesión del Senado.
En sendos comunicados, ambas instituciones agradecieron a los legisladores que votaron en contra de la iniciativa, al considerar que su aprobación habría generado “riesgos para la seguridad alimentaria” y mayor inseguridad jurídica sobre la tierra.
“La sesión estuvo cargada de sorpresas y viejas estrategias con intereses oscuros. Este proyecto ponía en riesgo la producción alimentaria del país”, señaló Confeagro, que agrupa a cámaras y asociaciones agropecuarias de todo el territorio nacional.
Sector agropecuario
La organización recordó que el 26% del territorio boliviano corresponde a productores individuales que garantizan el sustento alimenticio del país, y destacó la labor de los senadores que, según el comunicado, “defendieron la producción y la seguridad alimentaria de los bolivianos”.
Por su parte, la CAO calificó la jornada como “un día de alto riesgo para la estabilidad de la producción de alimentos”, pero destacó la “valentía y solidez” de los legisladores que rechazaron el proyecto, entre ellos los representantes de Santa Cruz y Beni. “
Defendieron el desarrollo y la producción de alimentos ante el ataque de intereses mezquinos y sin conocimiento técnico”, se lee en el pronunciamiento.
El gremio cuestionó que, en los últimos años, el sector haya enfrentado “candados y trabas” que impiden su crecimiento, mientras persisten los avasallamientos incluso en áreas de conservación, que requieren una protección efectiva.
Proyecto
El Proyecto de Ley 118/2024-2025, conocido como “Ley por los Bosques y otros Sistemas de Vida”, buscaba modificar la aplicación de la Función Económico Social (FES), premiando a quienes mantengan el bosque en pie y sancionando la reversión de tierras solo en casos de incumplimiento real de uso productivo sostenible.
Sus impulsores defendieron que la norma pretendía corregir malas prácticas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y promover una gestión sustentable del territorio. Sin embargo, para el sector agropecuario, la propuesta generaba incertidumbre y abría la puerta a conflictos que podrían afectar la producción nacional.
Confeagro y la CAO coincidieron en que el país necesita reglas claras, seguridad jurídica y diálogo técnico para alcanzar un equilibrio entre sostenibilidad y productividad.
