Sin dar detalles, el presidente Luis Arce informó que envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
“Enviamos a la Asamblea un anteproyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Trabajamos en una estrategia que permita acciones concretas para combatir esos delitos”, explicó en un mensaje en su cuenta en Twitter.
El Código Penal tipifica en su artículo 133 el Terrorismo, como “el que formare parte, actuare al servicio o colabore de cualquier forma, con una organización armada destinada a cometer delitos contra la seguridad común, delitos contra la vida o delitos contra la integridad corporal, con la finalidad de subvertir el orden constitucional, deponer al gobierno elegido constitucionalmente, mantener en estado de alarma o pánico colectivo a la población o a un sector de ella, será sancionado con presidio de quince (15) a veinte (20) años, sin perjuicio de la pena que le corresponda si se cometieran tales delitos”
Mientras que el financiamiento del terrorismo está el artículos 133 y establece: “Todo aquel que de manera deliberada, directa o indirectamente, proveyere, recolectare, transfiriere, entregare, adquiriere, poseyere, negociare o gestionare fondos, bienes, recursos o derechos, sea mediante el ejercicio de actividades legales o ilegales, con la intención de que se utilicen o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte, para financiar el terrorismo, será sancionado con presidio de quince (15) a veinte (20) años y la confiscación de los fondos y bienes utilizados, así como del producto del delito. II. El delito de Financiamiento del Terrorismo es autónomo y será investigado, enjuiciado y sentenciado sin necesidad de sentencia previa por delitos conexos”.
La legitimación de ganancias ilícitas está tipificado y es “sancionado con privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años, inhabilitación para el ejercido de la fundón pública y/o cargos electos y mulla de doscientos (200) a quinientos (500) días”.
Arce explicó que se propone una estrategia con acciones concretas para combatir esos ilícitos.
