La expresidenta Jeanine Áñez se acogió este viernes a su derecho al silencio dentro de la proposición acusatoria por las “masacres” de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), ocurridas en noviembre de 2019 y que dejaron una veintena de muertos.
“Hoy se tenía programa una audiencia de declaración informativa de la ciudadana Jeanine Áñez, (…) esta audiencia ha sido instalada (…) y se ha hecho conocer a la declarante todos los hechos (del proceso); sin embargo, la misma, en el curso de la audiencia, ha hecho uso del derecho constitucional de abstenerse de prestar su declaración informativa, con lo que hemos dado por concluido el actuado procesal”, informó el fiscal superior Gonzalo Aparicio.
El acto procesal se realizó en el penal de Miraflores de La Paz, donde Áñez guarda detención preventiva acusada por delitos de terrorismo, sedición y conspiración en el caso Golpe de Estado.
La proposición acusatoria, por las “masacres” de Sacaba y Senkata, fue presentada el 1 de julio por un grupo de 20 personas (entre víctimas y familiares) y el lunes se informó que Fiscalía General del Estado admitió los legajos para su investigación.
Las masacres ocurrieron después de que el gobierno de Áñez ordenó la intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas para intentar controlar las manifestaciones que protagonizaban los sectores sociales afines al gobierno de Evo Morales. Con ese fin emitió el Decreto Supremo 4078 el 14 de noviembre de 2019, que liberaba de posibles sanciones penales a militares y policías.
El 15 de noviembre, una columna de manifestantes, entre cocaleros e interculturales, fue interceptada en el puente Huayllani (Sacaba, Cochabamba) por fuerzas combinadas. El operativo terminó con nueve fallecidos, y un décimo fue reportado semanas después, luego de heridas graves.
Cuatro días después, el 19 de noviembre, otra columna de manifestantes fue reprimida en Senkata, El Alto. Otra vez policías y militares actuaron contra la movilización que bloqueaba la salida de combustibles de la planta de Senkata. Hubo otra decena de fallecidos.
Según informe de la Defensoría del Pueblo, que citó reportes del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), las muertes en ambos hechos fueron a causa de impactos de balas. Entonces, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, deslindó responsabilidades de las fuerzas conjuntas y dijo que los movilizados se mataron entre sí, mientras su colega de Defensa, Luis Fernando López, aseguró que en el caso de Senkata el Ejército “no disparó ni un solo cartucho”.
Sobre ambos hechos luctuosos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), estableció que fueron “masacres”.
