El gobierno argentino de Alberto Fernández presentó una denuncia penal contra el expresidente Mauricio Macri por el envío de “material bélico” a Bolivia en 2019 en medio de una crisis social y política que acabó con la dimisión de Evo Morales y la toma del poder por parte de Jeanine Áñez.
Entre los delitos están contrabando agravado, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación.
La denuncia está firmada por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, publicó C5N.
Se planteó el escrito ante las autoridades judiciales por “el envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el Gobierno Nacional encabezado por el expresidente Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional».
Información oficial da cuenta del envío de 40.000 cartuchos AT 12/70; 18 gases lacrimógeno en spray MK-9; 05 gases lacrimógeno en spray MK-4; 50 granadas de gas CN; 10 granadas de gas CS; 52 granadas de gas HC. También se reveló de otro lote de “material bélico” que llegó junto a un grupo de élite argentino “alacrán” el 12 de noviembre, día en el que asumió el poder Áñez, a dos días de la renuncia de Morales en medio de denuncias de fraude electoral, protestas cívicas, motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión.
Macri negó el envío del material en un primer momento, aunque luego admitió y aclaró que solo se trató de material antimotín. “Quiero desmentir de manera rotunda la veracidad de esas acusaciones y, al mismo tiempo, repudiar la carta que el presidente Alberto Fernández envió a las autoridades bolivianas expresando ‘dolor y vergüenza’ sobre esos hechos falsos en lo que quieren involucrarme”.
Se descubrió de arribo de ese material a raíz de una nota de agradecimiento del entonces comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Gonzalo Terceros al entonces embajador argentino Normando Álvarez, quien también negó saber de ese trámite.
El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó que la FAB certificó en sus archivos la existencia material de esa nota de agradecimiento.
La denuncia refiere que «se observa la posible comisión de los delitos de contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, por la calidad de funcionarios públicos, por la participación de un funcionario del servicio aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra, en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación previstos en los artículos 219 y 220 del Código Penal de la Nación».
Para los denunciantes, el objetivo de envío fue «poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez, tras el golpe de estado realizado por las fuerzas armadas bolivianas contra el gobierno constitucional de Evo Morales».
