Pese a haber pasado 41 años del golpe de Estado encabezado por Luis García Meza y Luis Arce Gómez (1980), y 28 del juicio de responsabilidades que los condenó (1993), aún hoy existen asuntos pendientes, deudas para la democracia boliviana.
Dos testigos cercanos de ambos hechos (del golpe y su enjuiciamiento), Olga Flores Bedregal y Juan del Granado Cossío, y pese a las diferencias que tienen sobre la percepción de los mismos, coinciden en que no son pocas ni menores las cuestiones pendientes, y “pendientes” no solo por el interés histórico, sino por la consecuencia práctica que alcanza a nuestros días de democracia.
Cuando Olga Flores era presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd), en 1993, impulsó la publicación del libro Acusación a la dictadura del narcotráfico, que fue una suerte de versión de los familiares de lo que en verdad debió ser el juicio a la dictadura garciamecista.
El texto “contiene información muy importante; ahí detallamos la lista de paramilitares; la Corte determina que deben seguirse procesos ordinarios, pero nunca se ha cumplido”. Una muestra de esta falencia, por ejemplo, asegura Flores, es que “nunca se dio de baja a García Meza” y otros responsables de la represión.
Crítica con la Comisión de la Verdad que investigó 18 años de dictaduras, Flores reclama que no se haya abierto completamente los archivos clasificados de las Fuerzas Armadas. Se tuvo acceso, aseguró en marzo de 2021 la presidenta de la Comisión, Nila Heredia, aunque en verdad solo fue a una parte. “Las FFAA deberán desclasificar la enorme documentación que ha quedado y que la Comisión no ha logrado digitalizar toda o la mayoría”, dice.
Lo mismo, se puede considerar deuda la falta de reparación de que son objeto las innumerables víctimas de las dictaduras, reclama Flores. La reivindicación de las víctimas fatales de Sacaba y Senkata en 2019 “es respetable”, afirma, pero esto no debiera hacer olvidar a las víctimas de las dictaduras, empezando por los movilizados en las carpas de El Prado.
COLECTIVO.
Otra limitación que la activista encuentra es que, como se dice en el referido libro, hay una fuerte “individualización”, personalización, de la dictadura en los acusados: “Al final, todo era (culpa) de Arce Gómez, Batman y Robin, para decirlo en criollo”, bromea Flores. Con esto se pierde la perspectiva, alega, de que las asonadas son procesos conspirativos, de responsabilidad colectiva; por qué, por ejemplo, no se juzgó a todo el gabinete del gobierno de facto de entonces, reclama Flores.
Por su parte, Del Granado, abogado de la parte civil en el proceso contra Meza, no deja de llamar la atención sobre que ése fue, en su momento, “el único juicio de responsabilidades que se hizo a las dictaduras de la (Doctrina de) Seguridad Nacional que asoló al continente”. Fue un esfuerzo colectivo, “una gran cruzada nacional por la justicia” que duró nueve años. “Esa significación no la debemos desmerecer”.
En el juicio, recuerda Del Granado, “además de García Meza, se condenó a 46 de sus principales colaboradores, con penas que van desde los 30 años de presidio sin derecho a indulto a penas menores, como los delitos económicos”.
Ahora, sobre el alcance del juicio a la dictadura, no hay que olvidar —dice el abogado— que su origen fue el pliego acusatorio (de febrero de 1984) y el auto de procesamiento emitido por el congreso de la ápoca; “ese auto si bien acusó a la dictadura por al menos 45 delitos, obviamente no abarcó todo el accionar de la dictadura de la época”.
Por ejemplo, recuerda Del Granado, en el juicio “no se acusó el asesinato previo de Luis Espinal, que fue responsabilidad de los golpistas; no se encaró el caso de narco, especialmente porque no había pruebas suficientes en ese momento; no se llevó adelante una investigación de las masacres en Caracoles y en Viloco en 1980; no se investigó la desaparición forzada de muchísimos compañeros, cinco del MIR histórico, desaparecidos hasta el día de hoy, y quedaron pendientes investigaciones fundamentales, como el paradero de los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz y Carlos Flores Bedregal”.
