Varios periodistas se enfrentaron en los últimos meses a juicios expeditivos y a importantes penas de prisión en Marruecos y Argelia, donde las autoridades están poniendo fin a un breve periodo de libertad de expresión, según activistas de derechos humanos.
«Se trata de dos sistemas desestabilizados que reaccionan mal y que están en proceso de encerrarse en una sorprendente espiral de represión», dijo Christophe Deloire, director general de la oenegé Reporteros sin Fronteras (RSF), en referencia a esos dos países del norte de África.
Argelia, que vive desde 2019 protestas sin precedentes, marcadas al principio por una cierta la libertad de expresión, censuró varios medios independientes y ha condenado a periodistas reconocidos.
Entre ellos, Khaled Drareni, fundador de un sitio web de noticias independiente y corresponsal de canales europeos, condenado a dos años de prisión en septiembre de 2020 por «incitar a una reunión desarmada» tras cubrir una manifestación del movimiento prodemocrático Hirak.
Esta sentencia, de una dureza sin precedentes, desencadenó una campaña de apoyo más allá de las fronteras de Argelia.
«En la Argelia de 2021, una palabra puede llevarte a la cárcel, tienes que tener cuidado con todo lo que dices o escribes», lamentó Drareni, que recibió un indulto presidencial y está a la espera de un juicio en casación.
Otra figura emblemática es Rabah Karèche, periodista en Tamanrasset (sur), que lleva tres meses en prisión por informar sobre un movimiento de protesta tuareg contra la expropiación de sus tierras.
Críticas de Estados Unidos
En Marruecos, Sulaiman Raisuni, director de un periódico independiente crítico, fue condenado la semana pasada a cinco años de prisión.
Otro periodista, Omar Radi, también conocido por su libertad de tono, debe ser sentenciado el lunes.
Al igual que otros periodistas, están procesados por delitos sexuales, el primero por «agresión sexual», el segundo por «violación», acusaciones que ambos niegan.
Sus partidarios denuncian juicios «políticos» y sus abogados señalan numerosas irregularidades: escuchas telefónicas ilegales, investigaciones policiales, audiencias no contradictorias, etc.
Las autoridades, en cambio, insisten en que el procedimiento no tiene nada que ver con su profesión y subrayan la «independencia del poder judicial».
«El modus operandi en Marruecos es lanzar una serie de acusaciones penales contra el periodista perseguido, mientras que las autoridades argelinas prefieren recurrir a delitos que el código penal define muy vagamente» dijo el año pasado la oenegé Human Rights Watch.
En una declaración inusualmente firme ante Marruecos, un país aliado, el Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió que estaba «supervisando» el juicio de Radi y expresó su «decepción» por la dura condena de Raisuni.
Argelia, por su parte, se vio señalada en 2020 por dos resoluciones sucesivas del Parlamento Europeo, en las que se subrayaba «el deterioro de la situación de los derechos humanos» y se mencionaba el caso de Khaled Drareni.
Las dificultades de acreditación y los estrictos controles hacen que cada vez haya menos corresponsales extranjeros en Argelia y Marruecos.
«Esto desacredita a estos países y corre el riesgo de dañar su imagen, e incluso ciertas relaciones diplomáticas», advirtió Deloire.
Todo lo contrario de lo que ocurre en Túnez, una joven democracia que se enorgullece de ocupar el puesto 73 en la clasificación de libertad de prensa de RSF, muy por delante de Marruecos (136) y Argelia (146).
Tanto en Marruecos como en Argelia, el gobierno es consciente del deseo de cambio y ha prometido reformas. Pero «de los anuncios a la realidad hay un largo trecho», lamenta Deloire.
