En un cementerio de Manila se vive una escena desgarradora: dos hombres sacan los huesos de Rodzon Enríquez de una tumba y los meten en una bolsa. Cinco años después de que el joven muriera en la guerra contra la droga en Filipinas, la concesión funeraria ha vencido.
«No quiero que tiren sus restos mortales», explica a la AFP Corazon Enriquez, su madre de 63 años, mientras los dos hombres con mascarilla y trajes protectores se llevan lo que queda de su hijo.
Las asociaciones estiman que decenas de miles de personas han muerto desde que el presidente filipino, Rodrigo Duterte, ordenó a las fuerzas de seguridad que persigan a los toxicómanos y traficantes de droga en una campaña muy polémica cuyo principal blanco fueron los jóvenes.
Muchos de los muertos fueron enterrados en tumbas apiladas en altura en los cementerios de la capital, donde una concesión de cinco años cuesta unos 5.000 pesos (85 euros, 99 dólares).
Cuando estos contratos de arrendamiento de corta duración vencen, una organización benéfica católica ayuda a las familias que no pueden pagar por la retirada de los restos de sus difuntos y que quieren incinerarlos.
Como muchos otros habitantes, Corazon Enriquez, madre de siete hijos, aplaudió la promesa de acabar con las drogas que hizo el presidente en 2016.
«Si conocen a drogadictos, vayan y mátenlos porque sería demasiado doloroso para sus padres hacerlo ellos mismos», dijo entonces Duterte.
Abatido mientras dormía
Pero ella nunca se imaginó que su familia podría ser una de las víctimas.
Rodzon era un trabajador del puerto que tomaba metanfetamina para permanecer despierto durante los turnos nocturnos. La policía lo mató cuando estaba en cama unas semanas después de que el presidente fuera investido, contó ella.
«Quiero que esté conmigo en casa, aunque su cuerpo no esté físicamente allí. Yo sé que él está», afirma refiriéndose a las cenizas que guardará hasta que se encuentre un lugar definitivo para colocarlas. «El dolor sigue presente. Ojalá pudiera cambiar mi sitio por el de él».
El sacerdote Flavie Villanueva, muy crítico con Duterte, se implica en la exhumación. Dice que podría haber miles porque las concesiones irán expirando.
Espera que las cenizas se puedan guardar en el columbario, para que el difunto descanse en un lugar digno y esto facilite el duelo de las familias.
«Perder a un familiar es muy duro. ¿Cómo van a aceptar además perder sus restos mortales?», pregunta el sacerdote, que recauda dinero para ayudar a los parientes de los difuntos.
‘Son personas‘
Para algunos es demasiado tarde. Ya alguien sacó los huesos y los metió en bolsas con los de otros difuntos incluso antes de que expirara la concesión, explica el sacerdote Villanueva. «Son personas», lamenta. «Se merecen algo mejor».
En un día él fue testigo de siete exhumaciones, ante la mirada de familias destrozadas.
Además muchos de los muertos eran los encargados de traer dinero a casa y con sus muertes las familias se quedaron sin recursos, añade.
«Si no tienes lo suficiente para alimentar a tus hijos, si los vivos se mueren de hambre, ¿cómo te vas a preocupar por la suerte que corren los muertos?», añade.
Reynaldo, el marido de Joralyn Fuellas, murió a tiros de hombres armados que iban en motocicleta el día que ella cumplió 39 años.
Se fue a trabajar como conductor para ganar un poco más de dinero y poder pagarle a ella y a sus 11 hijos una comida de cumpleaños. Más tarde se enteró de que figuraba en una lista negra.
«Me siento feliz de poder traerlo a casa», afirma la mujer, tras presenciar la retirada de sus huesos, que serán incinerados. «Podré decirles a mis hijos: ‘Papá está aquí'».
¿Un crimen contra la humanidad?
La fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció en junio que pidió la apertura de una investigación sobre miles de asesinatos cometidos durante esta «guerra contra la droga» y que podrían constituir «crímenes contra la humanidad».
La investigación abarca los primeros tres años del mandato de Duterte, hasta 2019.
El presidente, que no puede presentarse el año que viene para un segundo mandato, ha rechazado cooperar con estas investigaciones que considera ilegales.
El hijo de Felicitas Narvarte, Edward, murió a tiros dos semanas antes de la investidura de Duterte pero ella culpa al presidente de su muerte.
Horas después de haber comido en casa, ella escuchó unos disparos y luego a su hijo gritando: «¡Mamá! ¡Mamá!»
«No encontraré la paz hasta que la persona que ordenó matar a los toxicómanos esté detrás de las rejas», afirma a la AFP la sexagenaria tras colocar unas velas ante la tumba de su hijo.
Ella tiene la intención de meter los restos mortales en una caja más pequeña y barata para que su nieto pueda recogerse ante ellos.
Pero no tiene tiempo para recaudar el dinero necesario para renovar la concesión funeraria. «No quiero que sus huesos se mezclen con los de los demás», dice, desolada.
(21/07/2021)
