El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entregó al gobierno de Luis Arce, el viernes, el “borrador” de su informe sobre la crisis y la violencia entre septiembre y diciembre de 2019 en Bolivia, y ratificó que incluirá un plan de investigación y otro de reparación para las víctimas.
Fuentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmaron a La Razón que el documento fue entregado a la misión de Bolivia en la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, al mando del embajador Héctor Arce. Ahora, el Gobierno tiene 10 días para revisarlo.
El secretario ejecutivo del GIEI-Bolivia, Jaime Vidal, informó este sábado en Twitter que: “El #GIEIBolivia entregó ayer, 23 de julio, su informe final al Estado Plurinacional de Bolivia. Según el Acuerdo firmado entre la @CIDH y el Estado, el informe del GIEI debe investigar los hechos de violencia y vulneración a derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. El GIEI debe incluir un plan de investigación y un plan de reparación integral a las víctimas”.
“Ya entregado el informe al Estado, el Protocolo de Actuación anexo al Acuerdo señala que: ‘El GIEI brindará al Gobierno de Bolivia un plazo mínimo de 10 días para comentarios antes de la publicación de los informes parciales y finales de su trabajo’”, complementó. “Transcurrido ese periodo, el GIEI hará público su informe final, dando a conocer al conjunto de la sociedad boliviana sus hallazgos sobre los hechos ocurridos en 2019”.
El ministro de Justicia, Iván Lima, adelantó el viernes que el contenido del documento será público recién en agosto. “A partir de la entrega, el Gobierno de Bolivia tiene 10 días hábiles para revisarlo. Esa revisión no implica que se pueda hacer algún cambio, es simplemente tomar conocimiento y poder precisar si hay alguna información o alguna precisión que tengamos que hacer como gobierno”.
Según Lima, en esos 10 días el gobierno comunicará a la CIDH su postura acerca del informe y “ellos podrían aceptar o negar las precisiones que realicemos y una vez que nos contesten recién tendríamos un documento oficial a publicar, estimo que eso pasaría alrededor del 5 de agosto”.
Consultado sobre si el informe será vinculante o no, Lima respondió que “en algunas partes” es vinculante y en otras tiene carácter de recomendación. “Por ejemplo, es vinculante la reparación integral del daño a las víctimas, es algo que nosotros hemos aceptado que tengamos que hacer una reparación a las víctimas y hay otros aspectos que van a ser a título de reparación, entenderán que una reparación no es una sentencia, por eso cuando hay una sentencia, opinión consultiva, un instrumento jurídico de otra naturaleza puede hablarse de vinculatoriedad, pero si hay una recomendación ésta es sujeta a evaluación por el Estado y aplicación en los tiempos que vea necesario el Estado cumplir”.
El GIEI comenzó su trabajo en noviembre del año pasado, consistente en la investigación de los hechos ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019, entre ellos los conflictos que derivaron en una veintena de muertos y decenas de heridos de bala en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba) tras la intervención de policías y militares en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.
