Dibujo libre
Hasta la fecha solo existieron tres Censos Nacionales Agropecuarios en Bolivia: 1950, 1984 y 2013, el último de los cuales no incluyó la variable imprescindible de propiedad y posesión de la tierra, por lo demás, sobreestimó el número de Unidades Productivas Agropecuarias (UPA), al convocar a gentes que tenían algunas parcelas pero que ya vivían en las ciudades e incluso en el exterior, tampoco fue tomada la doble propiedad como una UPA, registrándolas en consecuencia dos veces; a tal punto llegaron esos extremos que de las 870.000 UPA registradas por el Censo de 2013, solo pueden ser consideradas en la actualidad un máximo de 660.000, por vía del cálculo del crecimiento poblacional y migración de los últimos 30 años.
Sin confundir el saneamiento de la propiedad (proceso de legalización) con la efectiva propiedad y posesión de la tierra según los grupos sociales agrarios y de acuerdo con las proyecciones del Censo Agropecuario de 1984, el reconocimiento de territorios a los Pueblos Indígenas de las Tierras Bajas de Oriente (PITBO), constitucionalmente reconocidos como nacionalidades, y la dotación de tierras comunitarias a pequeños productores (asentamientos humanos) desde la promulgación de la Ley INRA en 1996, siempre en cifras redondas, nos encontramos con la distribución de la tierra por grandes estratos agrarios señalada en el cuadro adjunto.
Después de casi 70 años de la Reforma Agraria Boliviana (1953-2021) estamos frente a una nueva contradicción de latifundio y minifundio: En efecto, 82% de las UPA disponen de solo 16% de la tierra, mientras que 9% posee 50% de la tierra. Más si se considera que el restante 9% de las UPA son 60.000 familias de aproximadamente 30 PITBO, que disponen de territorios comunitarios de alrededor de 20.000.000 de hectáreas, no precisamente agropecuarias.
Para contextualizar este fenómeno, debemos señalar que hablamos de 60.000.000 de ha de las 100.000.000 que tiene todo el territorio nacional, que de acuerdo a proyecciones GEOBOL de 1980, a la actualidad la distribución según el uso de la tierra sería el siguiente: 1. Eriales, pantanos, cuerpos de agua y rasgos culturales (20.000.000 ha); 2. Pastos y arbustos (30.000.000 ha); 3. Bosques (45.000.000 ha); y, 4. Cultivos (5.000.000 ha).
Por otra parte, de acuerdo con declaraciones de la coordinadora nacional del INRA, Giovanna Mealla, a la radioemisora Erbol, el 12 de julio del 2021, y de Juan de Dios Fernández, director de Planificación del INRA, en La Razón del 18 de julio de 2021, el proceso de saneamiento es del 87%, faltando en consecuencia el 13%. Lo que no dicen las autoridades es que de las 60.000 UPA empresariales a la fecha muy pocas fueron saneadas, no obstante de que este estrato agrario detenta 30.000.000 de ha, que representa nada menos que 50% del total de las tierras sujetas de análisis.
Si por un momento abstraemos del cuadro el estrato agrario de PITBO, que disponen de territorios con vocación sirvoagropastoril, y contrastamos solo los estratos de campesinos y empresarios agrícolas, resulta que el 90% de las UPA (540.000 campesinos) disponen del 25% de la tierra (10.000.000 ha), el 10% de las UPA posee 75% de la tierra (30.000.000 ha), de un total, esta vez, de 600.000 UPA y de 40.000.000 ha.
En casi 25 años de vigencia de la Ley INRA y los años previos de intervención del Servicio Nacional de Reforma Agraria (SNRA) y del Instituto Nacional de Colonización (INC), no se cambió la estructura agraria del país, la norma por el contrario fue consolidando la inequidad existente. A excepción del reconocimiento de dominios territoriales de PITBO, virtualmente no existió una reversión de tierras al Estado y la posterior dotación a pequeños productores como señala la Ley. Los programas de asentamientos humanos se plantearon solo en tierras fiscales, con protocolos complejos de organización previa y a título de propiedad colectiva (3.800.000 ha de acuerdo a la coordinadora Mealla antes citada).
En resumen, el saneamiento de la propiedad, intencionalmente planteado como Reforma Agraria, cuatro veces ampliada para su conclusión, tuvo algún resultado en el reconocimiento de territorios a los indígenas del oriente y marginalmente en asentamientos humanos, pero el problema principal de los extremos de latifundio y minifundio no fue modificado.
En una anterior entrega: “La trinidad agrícola de Bolivia”, publicada en La Razón del 4 de julio de 2021, analizamos las tres formas productivas vigentes: la campesina, la empresarial y la de los PITBO (sus limitaciones y posibilidades). Con los datos de propiedad y posesión de la tierra estimados ahora, podemos con objetividad plantear un memorándum relativo a la propiedad de la tierra en el umbral del Segundo Centenario de la fundación de Bolivia:
• Realizar a la brevedad posible el Cuarto Censo Nacional Agropecuario de Bolivia, que incluya las variables de tenencia y uso de la tierra (propiedad, arriendo, aparcería y tolerada), vocación agraria (agrícola, ganadera y forestal). Compra o venta de la fuerza de trabajo de las UPA. Respete los estratos agrarios vigentes (campesinos, empresarios y los PITBO). Y las 14 zonas agroecológicas de Bolivia.
• El SNRA y el INRA, cumpliendo con la Ley, reviertan las tierras que no cumplen con la función económico social de la tierra y redistribuyan las tierras a los campesinos que no la poseen o que la poseen insuficientemente. Por lo menos 5.000.000 ha más para 100.000 campesinos en el mediano plazo.
(*)Danilo Paz B. es sociólogo, investigador del CESU-UMSS
