El director de las pericias sobre los datos de las elecciones generales de 2019, Juan Manuel Corchado, contó a La Razón que el trabajo que comandó abordó el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), con el que —dijo— coincidió en varios puntos.
En los últimos días, las investigaciones sobre los resultados electorales de 2019 encargadas por la Fiscalía General del Estado al Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca (España), ha generado controversia política en el país.
En las elecciones de 2019 hubo “deficiencias e incidentes que no suponían riesgos para la integridad del proceso electoral, ni para los resultados del cómputo oficial y no se advierte manipulación de los votos”, concluyó el informe dirigido por Corchado y conocido el martes en el país.
En la entrevista exclusiva con La Razón, el especialista —doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad de Salamanca y doctor en Inteligencia Artificial por la University of the West of Scotland— explicó que la Universidad de Salamanca, que firmó un contrato con la Fiscalía General del Estado de Bolivia, le encomendó la tarea.
Contó que cuando se hizo cargo de las investigaciones junto a otros dos especialistas—Manuel López Pérez, analista de ciberseguridad en el grupo de investigación BISITE. Investigador de la Universidad de Salamanca, y Pablo Plaza, analista de ciberseguridad en el grupo de investigación BISITE y también investigador de la universidad— lo primero que le ocupó fue el informe de la OEA, que halló “manipulación dolosa e irregularidades graves que imposibilitan validar resultados” de los comicios del 20 de octubre de 2019.
“Cuando nos hicimos cargo de la pericia, lo primero que hicimos fue estudiar en detalle el informe, un informe muy amplio y extenso con el que compartimos muchos puntos. Nos sirvió para que desde un principio constatáramos, no solamente con el informe de la OEA sino de Ethical Hackhing, para (convencernos) de que había habido muchas irregularidades”, dijo Corchado.
Sin embargo, ratificó que dichas irregularidades y “errores” no tuvieron consecuencia ni afectaron la integridad de los resultados tanto del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) ni del cómputo de votos.
“En principio trabajamos en la búsqueda de irregularidades, con la intención siempre de identificar si estas irregularidades habían generado algún tipo de inconsistencia en los datos de manipulación”, dijo Corchado.
Explicó el trabajo del equipo de investigaciones consistió en la recopilación de datos y la verificación de evidencias informáticas. “Trabajamos con un tera (1.000 gigas) de datos que nos ha proporcionado la Fiscalía; hemos empleado herramientas automáticas para el tratamiento y el análisis de los datos, y finalmente hicimos una evaluación manual complementaria para gestionar y analizar las evidencias, de forma exhaustiva”, explicó.
Corchado dijo que incluso el equipo halló más anomalías que la OEA, aunque consideró que éstas no afectaron los datos.
La noche del domingo 20 de octubre de 2019, un parón del TREP, a las 19.40 y al 83,7%, generó graves irregularidades, alertadas inicialmente por la misión de observadores de la OEA. El incidente desembocó luego en la denuncia del entonces candidato presidencial por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, que al día siguiente llamó a vigilias frente a los tribunales electorales.
El entonces presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, lideró protestas que luego coincidieron con un motín policial, la “sugerencia” de dimisión presidencial de las Fuerzas Armadas, la renuncia del presidente Evo Morales, el 10 de noviembre, y la proclamación de la senadora Jeanine Áñez, el 12.
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