La bancada de oposición en la Asamblea Legislativa, Comunidad Ciudadana (CC), requirió, a través de una carta, al rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivera Ortega, el “estudio completo” realizado -por pedido de la Fiscalía de Bolivia- sobre las anuladas elecciones presidenciales de octubre de 2019. El trabajo concluyó que no hubo manipulación de datos y por tanto no existió fraude.
Los diputados de CC María Salazar y José Ormachea solicitaron, además, “información complementaria” como la solicitud de la Fiscalía y el contrato que se firmó entre el Estado de Bolivia y la Universidad de Salamanca.
También se requirió credenciales sobre la experiencia del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE en auditorías informáticas y especialmente en asuntos electorales; la metodología del estudio realizado y detalles de pagos efectuados por el Estado.
El 27 de julio, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, dio a conocer los detalles del estudio que derivó en el sobreseimiento de autoridades electorales acusadas por el denominado fraude electoral.
El informe del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE —firmado por Pablo Plaza Martínez, Juan Manuel Corchado Ramírez y Manuel López Pérez— también advierte que hubo “usuarios no identificados con capacidad de acceso al sistema informático” en la gestión de los resultados rápido que no tienen incidente en el conteo oficial.
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“Sin embargo, la manipulación de los resultados, imágenes de actas y registros de cada acción de manera coordinada sobre todos los sistemas se considera desde el punto de vista técnico altamente improbable debido a que para llevarlo a cabo sería necesario un equipo coordinado con acceso a todos los sistemas informáticos (tanto TREP como cómputo oficial) utilizados durante el proceso electoral”, refiere el informe.
El expresidente Carlos Mesa calificó de “investigación extemporánea” y no “creíble” la presentación del informe. “No es creíble ni reemplaza a la verificación y evaluación in situ de la la OEA, refrendada por la Unión Europea. #HuboFraude”, posteó.
Salazar y Ormachea enfatizaron que la solicitud se la realizó en el “ejercicio de sus facultades” como legisladores nacionales de acuerdo a la Constitución Política del Estado.
