Uno de los efectos más visibles del asunto Murillo, en algunos casos de manera vergonzante, es la afanosa difusión de mensajes para desmarcarse del exministro de Gobierno, del régimen provisorio de Áñez y, por supuesto, de todos los actos ilegales e irregulares cometidos en ese oscuro periodo. Ahora resulta que nadie sabía nada, no se conocían o solamente “acataban instrucciones”.
En los últimos días, diversos personajes que formaron parte o estuvieron vinculados al régimen de Áñez, incluidos operadores mediáticos que le dieron legitimidad, buscan exculpación con base en tres mensajes. El primero es señalar que la movilización de los “pitita” llegó hasta el derrocamiento de Evo Morales: no tuvieron, por tanto, nada que ver con el grupo que tomó Palacio. Olvidan que varios de esos “activistas” alentaron las acciones del régimen, empezando por las masacres de Sacaba y Senkata.
El segundo mensaje de desmarque es que el ejercicio de poder autoritario y corrupto del exministro Murillo, hoy innegable e inocultable para quienes voltearon la cara en su momento, es un hecho excepcional. Se trataría de una suerte de desviación atribuible a “la oveja negra” de la familia, que está libre de culpa. Olvidan que el factor Murillo es resultado de un entorno que lo hizo posible y que estuvo acompañado por decretos supremos, ratificaciones, complicidades, “acatamientos” y silencios.
Y el tercer mensaje exculpatorio, entre otros, es reconocer que, en efecto, hubo actos irregulares, pero se los viabilizó o se los dejó pasar porque “venían de arriba” (¿de Áñez, del propio Murillo?). O peor: porque había un “bien mayor”. Algo así como: yo sabía que estaba mal, pero no me quedó otra que acatar. Olvidan que, así como, en la comisión de un delito, no se puede alegar el desconocimiento de la ley, tampoco valen excusas en sentido de que solo se cumplían “órdenes superiores”.
Ejemplo de esto último son los descargos de la excanciller Karen Longaric. Resulta que, por ejemplo, la designación de la hermana de Murillo como cónsul (que “iba a traer complicaciones”) se acató porque “fue una instrucción muy categórica desde la presidencia”. Lo propio habrá ocurrido con el “embajador” Mostajo o con el cónsul en Barcelona vinculados al caso Respiradores. O con la firma del Decreto Supremo que eximía de responsabilidad penal a los militares que luego dispararon contra compatriotas.
A reserva de cómo avancen las investigaciones en los numerosos casos de delitos atribuidos al régimen y, en especial, al que fuera “hombre fuerte” del gobierno provisorio —entre ellos el caso Gases lacrimógenos, por el cual Murillo está detenido en Estados Unidos —, es evidente que en la función pública las decisiones u omisiones generan obligaciones y responsabilidades. Todo ello debe ser esclarecido por fiscales y jueces cuidando los principios del debido proceso y la presunción de inocencia.
