El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, advirtió este miércoles que la aprobación de los decretos supremos se hace en consulta con el gabinete ministerial, por tanto, los exministros de la gestión de la presidenta transitoria Jeanine Áñez tienen una «responsabilidad conjunta» por haber firmado las normas que avalaron la compra de materiales antidisturbios con sobreprecio.
«Hay que ver el grado de responsabilidad; en el gabinete se pregunta —no propone el ministro— y se aprueba; se pregunta si quieren. Hay una responsabilidad conjunta, tienen que dar cuenta los ministros de qué participación han tenido», informó en entrevista con La Razón Radio (lunes a viernes 08.00 a 10.00).
La Justicia boliviana sigue un proceso penal contra los exministros de Gobierno y de Defensa, Arturo Murillo y Luis Fernando López, respectivamente, por la compra irregular y con sobreprecio de material antidisturbios en 2019, que le generó al Estado una defraudación de $us 2,3 millones, hecho por el que son citadas a declarar varias exautoridades, entre ellas Áñez.
En su declaración ante el fiscal, la exmandataria admitió que los decretos 4090, 4116 4168, que viabilizaron la compra de gases lacrimógenos, fueron aprobados por la “vía rápida” debido a los conflictos sociales de ese entonces.
Chávez aclaró que, ante la citación de 10 exministros, de una primera lista de 17 exautoridades, ninguna autoridad puede argumentar que por no ser su área no tiene responsabilidad en la aprobación de los decretos supremos.
«Veremos primero las declaraciones (…), ojalá que se presenten, son testigos; no estamos hablando de imputados, sino de testigos que tienen que dar su razón, y luego se evaluará qué se va a hacer sobre ellos», agregó el funcionario a La Razón.
Sin embargo, varias exautoridades ya no están en el país, es el caso del exministro López, cuyo paradero es desconocido, mientras que Murillo está detenido en Estados Unidos acusado de soborno y lavado de dinero; algunos otros exministros se declararon en la clandestinidad.
Una investigación en Bolivia y en Estados Unidos determinó que ese material fue comprado con un sobreprecio de $us 2,3 millones de un total pagado de $us 5,6 millones. Ante ese hecho, la Procuraduría anunció un proceso civil con el objetivo de recuperar los recursos defraudados al Estado boliviano y de cuantificar los daños y perjuicios por haberse suscitado en plena pandemia, época en la que la prioridad debía ser la atención en salud de la población.
Asimismo, Chávez adelantó que solicitará la extradición no solo de Murillo, sino de todos los involucrados en el hecho, como Sergio Méndez y Philip Lichtenfeld.
