La expresidenta transitoria Jeanine Áñez se declaró este jueves una «prisionera política» y acusó al Ministerio de Gobierno de «inventar» nuevos tipos penales para mantenerla detenida en el penal de Miraflores, de la ciudad de La Paz, donde está recluida desde marzo por presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración en el denominado caso “golpe de Estado”.
«Soy una prisionera política de este gobierno, me acusan de delitos que no he cometido (…), como no hay sustento para sostener las acusaciones que se hacen, inventan nuevos tipos penales para mantenerme presa y yo me siento en total indefensión», reseña una publicación en su cuenta de Twitter.
La exmandataria acusó al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, de encabezar un operativo «grosero y abusivo» para detenerla, el 13 de marzo, en su vivienda en Trinidad, Beni.
Asimismo, denunció que todos los recursos jurídicos que presenta su defensa «son rechazados», porque —a su juicio— no existe independencia de poderes para realizar procesos justos.
«Si el deterioro de mi salud, exigiendo independencia de poderes y una injusticia imparcial, tiene estas consecuencias, tengo la seguridad (de) que no será en vano, los bolivianos merecen respeto y que el gobierno no use al sistema judicial como venganza política», agrega en su publicación.
La exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty presentó una demanda penal por la que Áñez fue acusada inicialmente por los presuntos delitos de sedición, terrorismo y conspiración en el llamado caso “golpe de Estado” cuyo proceso está foliado como “Luis Fernando Camacho y otros”.
Durante el avance de ese proceso, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, solicitó ampliar la acusación contra Áñez por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, por la sucesión de mandato dos días después de la renuncia del entonces presidente Evo Morales en noviembre de 2019.
El 12 de noviembre, la exsenadora de Unidad Demócrata (UD) se proclamó presidenta de la Cámara de Senadores, primero, y mandataria transitoria, después, en sendos actos sin resolución ni quorum, menos asistencia de la bancada mayoritaria del MAS.
Asimismo, otros procesos fueron adicionados a petición del Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado, por los delitos de prolongación de funciones, asociación delictuosa, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, sedición, incumplimiento de deberes, incumplimiento de deberes y seducción de tropas.
Áñez, junto a otros 16 colaboradores suyos, es requerida también como testigo en el proceso seguido en Estados Unidos y Bolivia a raíz de la detención de su ministro de Gobierno, Arturo Murillo, acusado de sobornos e intento de lavado de dinero.
En 2019, el exministro propició la compra de material antidisturbios a un costos de $us 5,6 millones, de los cuales $us 2,3 millones resultaron sobreprecio para el pago de sobornos a funcionarios bolivianos, entre ellos Murillo, por parte de la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions.
