Dos días después de que asumiera el poder, la expresidenta Jeanine Áñez y su gabinete trataron junto a los entonces comandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía la situación de las armas no letales para enfrentar los conflictos que se registraban. El reporte era que no había suficientes gases y proyectiles para enfrentar la crisis y se dio la solución que apunta al préstamo de Ecuador.
Los datos fueron revelados por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien informó que el exministro de Defensa Luis Fernando López estaba al tanto de todo y que instruyó a dos militares trasladarse a Ecuador para traer las granadas y proyectiles de gas. Una informe señala que se requirió ello por unidades policiales “se encontraban siendo quemadas por hordas de personas».
“Queda demostrado que los gases, las granadas y los proyectiles adquiridos eran utilizados, básicamente, para reprimir al pueblo boliviano con alevosía”, denunció Del Castillo en la conferencia de prensa en la que pidió al gobierno de Ecuador contribuir en la investigación para conocer la verdad de lo ocurrido en noviembre de 2019.
Del Castillo informó que en la reunión de gabinete del 14 de noviembre, dos días después de la toma del poder de Áñez, se pidió a los entonces nuevos comandante de las FFAA, Sergio Orellana, y de la Policía, Yuri Calderón, un informe sobre si se contaba con los suficientes agentes químicos para contener las protestas en apoyo a Evo Morales, que había renunciado el 10 de noviembre acorralado por la protesta cívica por denuncias de fraude electoral, el motín policial y la “sugerencia” militar de renuncia.
El reporte fue que eran “insuficientes”. Según Del Castillo, los exministros López, Arturo Murillo y Roxana Lizárraga se reunieron y coordinaron en esa reunión de gabinete la dotación que apunta a Ecuador, mientras que de forma paralela Murillo, detenido en Estados Unidos por soborno y lavado de dinero, ya gestionaba la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos a través de un intermediario.
Ecuador pidió el 27 de mayo de 2020 la devolución del material prestado. Se trata de 5.000 granadas de mano GL-302, 500 granadas de sonido y destello para exteriores, 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 MM y 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 MM.
“Esta parte de este funcionamiento de esta organización, básicamente, se asemeja a la estrategia del Plan Cóndor que hemos vivido en los años 70, donde varios países coordinaban regionalmente para la represión”, denunció e insistió en que Ecuador coopere en la investigación, sobre todo al anterior gobierno de Lenín Moreno.
“Se ha utilizado, básicamente, el mismo lema: Cooperación regional para la represión, hechos luctuosos que tuvimos que vivir en los años 70, en la época de la dictadura, que la hemos tenido que volver a vivir en la gestión 2019 con la señora Jeanine Áñez, otra persona que ha instalado un golpe de Estado”, cuestionó Del Castillo.
Los hechos de violencia de Senkata y Sacaba, en noviembre de ese año, acabaron con la vida de más de 20 personas por impactos de bala.
