Las prioridades de la sociedad a corto plazo son el tratamiento de la pandemia del COVID-19 y la reactivación económica. La crisis sanitaria ya ha ocasionado cerca de 16.000 fallecimientos, que pueden aumentar dramáticamente en los próximos meses, si no se procede a organizar una eficaz vacunación masiva. En la esfera de las actividades económicas se registra, por su parte, una importante contracción de la producción, cierre de establecimientos, aumento del contrabando e incremento del desempleo, apenas disimulado por el aumento de la informalidad. Para enfrentar tales problemas, se requieren recursos financieros e institucionales, gestión pertinente y algunos acuerdos entre los diferentes agentes públicos y privados.
A mediano plazo, sin embargo, la agenda de prioridades del país incluye otros temas, a saber, un crecimiento dinámico, mejoras sustanciales en la calidad de vida y empleo, reducción de las desigualdades y supresión de las discriminaciones más odiosas, al mismo tiempo que se incrementa sustancialmente la capacidad de responder ante eventuales desastres naturales y efectos del calentamiento global. Para alcanzar tales objetivos se requiere una hoja de ruta de largo plazo, que podría tomar como referencia los Objetivos del Desarrollo Sostenible, e introducir las adecuaciones necesarias a la realidad económica, social y política del país.
Entre las adecuaciones imprescindibles se pueden mencionar el tratamiento de la informalidad y la superación del modelo extractivista de desarrollo. La informalidad porque ha llegado a tales niveles en Bolivia, que pone obstáculos significativos a las posibilidades de un crecimiento sostenido por aumentos sistemáticos de la productividad, al mismo tiempo que se generan eslabonamientos entre sectores económicos con repercusiones favorables en la cohesión social, y capaz de mejorar la calidad de los excedentes destinados a una acumulación creciente de capital humano.
En cuanto al modelo extractivista, está claro que los altos precios de los productos básicos están generando expectativas empresariales de corto plazo, discrepantes con el desarrollo sostenible del país a mediano plazo, puesto que se involucran actividades relacionadas con la deforestación en las tierras bajas del país, la cual trae aparejadas consecuencias negativas para los recursos naturales no renovables, además de aumentar la vulnerabilidad respecto del cambio climático.
Por otra parte, resulta imposible imaginar que se pueda llevar a cabo la reforma imprescindible en materia fiscal, consistente de una nueva pauta de recaudaciones tributarias, una racionalización del gasto público y un pacto fiscal para la redistribución de recursos entre los tres niveles del Estado. Una tarea de tal envergadura no tiene posibilidades en una economía que se encuentra en recesión. Casi se podría afirmar que ni siquiera existen holguras para abordar sin graves traumas los correctivos más importantes del déficit fiscal que se arrastra desde hace ocho años.
Por último, está claro que el país necesita desde hace tiempo una importante reforma de la vetusta normativa laboral, que data de 1942, para lo cual sin embargo no existen por de pronto las condiciones políticas apropiadas. A corto plazo bastaría que se cumpla con los convenios internacionales de la OIT que el país ha ratificado.
Todo lo anterior pone de manifiesto la discrepancia entre las prioridades urgentes de corto y las que son necesarias a mediano plazo, algo que es relativamente fácil de compatibilizar.
Lo que parece imposible de resolver es la discrepancia entre las aspiraciones y necesidades de la sociedad, por un lado, y los intereses y objetivos políticos del oficialismo, por otro, que no está dispuesto ni siquiera a pactar una tregua política para atender las crisis sanitaria y económica.
Horst Grebe López es economista.
