El más reciente informe del Índice de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe muestra datos poco optimistas: a pesar de los avances registrados en las últimas décadas, la economía de la región ha crecido poco mientras que la desigualdad sigue siendo muy alta. Ocho de cada diez personas en la región piensan que la distribución de los ingresos es injusta.
Presentado la semana pasada en la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en Nueva York, el informe plantea que América Latina y el Caribe (ALC) vive en una “trampa” causada por tres factores que alimentan las condiciones de bajo crecimiento y alta desigualdad: “la concentración del poder, la violencia en todas sus formas y las políticas de protección social que no funcionan bien”.
Los autores de la investigación y el informe reconocen que la situación no es novedosa y por eso ponen la atención en el análisis de las condiciones que posibilitan este estado de cosas, comenzando, aunque sea la última causa, por la pandemia del COVID, que amenaza con echar por tierra muchas mejoras en la vida de las y los latinoamericanos.
Según el informe, se han probado toda clase de soluciones al problema del bajo crecimiento y la injusta distribución del ingreso, pero asegura que lo que ha quedado de ellas es una lista de “buenas políticas” que funcionan para abordar los diferentes problemas por separado, lo cual en ALC “a menudo ha resultado en incentivos políticos que dan lugar a políticas fragmentadas, con perspectiva de corto plazo, que en algunos casos profundizan las distorsiones existentes”.
La investigación no se detiene en los datos econométricos, incluyendo el Índice Gini, y se fija también en el hecho de que la percepción de estos problemas tiene un papel determinante en la forma en que las personas reaccionan ante las circunstancias, lo cual tiene un efecto en las posiciones políticas que las personas adoptan en sus respectivas sociedades y éstas a su vez influyen en la gobernanza o ausencia de ésta.
También hace énfasis en las diversas formas de desigualdad que “persisten obstinadamente” en la región: entre ellas las que se basan en sexo y dejan para las mujeres los trabajos peor remunerados, amén de las tareas de cuidado; también las que se ejercen contra las poblaciones LGTB+ y las que afectan a las poblaciones indígenas; todas tienen en común la falta de acceso a servicios básicos y otros derechos. Concluyen los investigadores que “las sociedades desiguales desperdician el talento de una parte relevante de la sociedad cuando excluyen una parte del capital humano”.
Salir de lo que el PNUD llama “la trampa” demanda de los Estados “abordar la complejidad de las interacciones entre las variables centrales” para romper el ciclo de desigualdad y bajo crecimiento, y uno de los factores de éxito, sostienen, es crear “sistemas de protección social universales que sean más inclusivos y redistributivos, fiscalmente sostenibles y más favorables al crecimiento”.
