La oposición brasileña registró este miércoles en la Cámara de Diputados un «superpedido de impeachment» contra el presidente Jair Bolsonaro, asediado por sospechas de corrupción de su gobierno en la compra de vacunas anticovid.
El documento, firmado por decenas de partidos de izquierda, sindicatos y organizaciones sociales, pero también por algunos exaliados de Bolsonaro, reúne un centenar de pedidos de destitución ya entregados a la cámara con más de 20 acusaciones, como la de haber actuado con «negligencia» frente a la pandemia que ya dejó más de 500.000 muertos en el país.
El mandatario de ultraderecha se opuso constantemente a las medidas de aislamiento social, promovió aglomeraciones sin el uso de mascarillas, cuestionó la eficacia de las vacunas y promovió medicamentos sin eficacia comprobada contra la enfermedad.
La gestión busca presionar al presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, para dar cauce a alguno de los pedidos de juicio político (impeachment) que se acumulan en sus gavetas.
Los observadores estiman improbable que Lira, un aliado de Bolsonaro, se decida a dar ese paso.
Y si eso ocurre, dudan de momento que el pedido sea aprobado, ya que requerirá el apoyo de dos tercios de los diputados y Bolsonaro, a pesar de la caída de su popularidad, cuenta con el apoyo de una heterogénea coalición de partidos conservadores.
Pero la iniciativa se suma a una creciente movilización social y a los trabajos de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) instalada hace dos meses por el Senado para investigar posibles omisiones del gobierno en la gestión de la pandemia y que en las últimas sesiones sacó a relucir sospechas de corrupción en la negociación y la compra de vacunas.
El lunes, tres senadores presentaron una demanda ante la corte suprema para que se investigue si Bolsonaro cometió el delito de «prevaricación» al no denunciar una de esas sospechas, de la que habría estado al tanto.
La oposición realizó masivas protestas en todo el país el 29 de mayo y el 19 de junio y adelantó para el próximo sábado la que tenía previsto realizar el 23 de julio.
Entre los signatarios del «superpedido de impeachment» figuran el Partido de los Trabajadores (PT) del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, así como gremios de trabajadores y de estudiantes, entidades de juristas y colectivos antirracistas.
El factor «calle»
«Vemos con mucho escepticismo ese pedido de impeachment. No vemos una adhesión de un conjunto de fuerzas políticas fuerte o suficiente para romper el blindaje de Bolsonaro en la Cámara», dijo a la AFP el analista político Creomar de Souza, de la consultora Dharma.
Pero «estamos atentos a las ramificaciones o al surgimiento de nuevas denuncias», agregó.
Un alto funcionario del Ministerio de Salud fue destituido este miércoles, tras ser denunciado por el representante de una empresa por un supuesto pedido de coima, de un dólar por dosis, durante la negociación de compra de una vacuna, según el periódico Folha de S. Paulo.
Otro funcionario del Ministerio afirmó la semana pasada ante la comisión parlamentaria que en marzo detectó posibles irregularidades en el contrato para adquirir la vacuna india Covaxin, a precios muy elevados, y que trasladó su preocupación al propio Bolsonaro, quien no la habría transmitido a la Policía Federal.
«Un impeachment depende mucho de la calle. Estamos organizando la tercera marcha, esta semana. Con esta denuncia de corrupción pienso que las calles aumentarán la presión», dijo a la AFP el diputado Paulo teixeira, del PT, en referencia a la movilización de sectores opositores.
