Ante la polémica que generó el proyecto de Ley 280, de Fortalecimiento a la Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, el Legislativo decidió iniciar una campaña de socialización ante de reiniciar su tratamiento.
El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui (MAS), dijo que se busca desvirtuar la campaña de desinformación que se generó estos días.
Aseguró que, antes de su tratamiento, el proyecto será explicado a todos los sectores de la sociedad civil y los empresarios que serán convocados a la Comisión.
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados pospuso este martes la sesión para tratar el proyecto a pedido del ministro de Justicia, Iván Lima.
«El proyecto busca modificar cuatro tipos penales del Código Penal. Y versar sobre los ajustes en el artículo 133 relacionado con la legitimación de ganancias ilícitas», explicó Jáuregui.
Según el diputado, existe desinformación para generar susceptibilidad respecto a este proyecto. Aclaró, además, que no es una reposición del proyecto 218, que generó movilizaciones de sectores sociales en 2021. “Se trata de una nueva norma con solo 6 artículos, de los cuales 4 son modificaciones al Código Penal”. remarcó.
«Estos artículos están en armonía con las observaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Además de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre vulneración de Derechos Humanos», aseveró Jáuregui.
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Ganancias ilícitas
Asimismo, lamentó que la desinformación esté generando conflictos y anuncios de medidas de presión como es el caso de los gremiales. Pidió conocer bien la norma, antes de asumir una posición.
Esta semana los gremiales y transporte pesado anunciaron marchas a nivel nacional exigiendo que la norma no sea tratada.
Los gremiales advierten que el documento criminaliza el comercio informal y las movilizaciones. El ejecutivo de los gremiales de El Alto, Toño Siñani, dijo que el proyecto busca penalizar a los gremiales, transportistas y otros sectores que no facturan.
Asimismo, desde la oposición también cuestionan la norma y dicen que es una copia de la extinta Ley 1386, que generó movilizaciones en 2021.
En contrapartida, los empresarios de las grandes, pequeñas y medianas empresas consideraron que una norma evitará daños a la economía nacional.
El presidente de la Fedemype La Paz, Mario Pucho, aseguró que muchas personas aprovechan para cometer delitos y generan grandes fortunas de manera ilegal.
Al respecto, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Mario Paredes, indicó que este tipo de normativas permite mejorar los controles contra los ilícitos como el contrabando.
