Un nuevo caso se viene encima del detenido gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. El Ministerio Público presentó una imputación penal en contra de Camacho, por el denominado Caso Carro Bombero, una compra en medio de irregularidades. Hasta el momento el vehículo no fue entregado.
En este caso, el gobernador cruceño es investigado por los delitos de incumplimiento de deberes, malversación, uso indebido de influencias, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.
El Ministerio Público solicitó que, mientras se desarrollen las investigaciones, Camacho sea detenido preventivamente por 180 días en la cárcel de Chonchocoro, donde actualmente permanece por el caso Golpe de Estado I, que implica los hechos de 2019 que terminaron con la renuncia de Evo Morales.
La Fiscalía inició la investigación luego del voraz incendio que afectó a más de un millar de gremialistas en el Mercado Mutualista, la noche del 31 de julio de 2022, reportó la agencia ABI.
Aquella madrugada del 1 de agosto, el gobernador Camacho llegó al mencionado mercado y los comerciantes lo increparon por la falta de condiciones para combatir siniestros de esa magnitud.
Ante esa situación, Camacho respondió que la Gobernación solo cuenta con carros cisternas y no carros bomberos. Más tarde, asambleístas departamentales denunciaron que en octubre de 2021 aprobaron el presupuesto para comprar un carro bombero.
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Denuncia
Fue el diputado Rolando Cuellar quien denunció este caso en la Fiscalía y reveló que la Gobernación firmó un contrato para la compra de un carro bombero el 28 de enero de 2022 y que la entrega estaba prevista para el 27 de junio, sin embargo, nada se concretó.
Según la denuncia, presuntamente hubo una contratación irregular, porque el motorizado fue comprado por invitación directa y no mediante licitación pública.
En este caso, el 25 de septiembre, el juez determinó la detención preventiva de quien era director de Seguridad Ciudadana. Esta persona es investigada por incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.
El 29 de septiembre, el representante legal de la empresa ABM también fue enviado a la cárcel con detención preventiva, acusado por delitos como contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, señala el reporte de ABI.
Tras la investigación, la Gobernación decidió disolver el contrato de adquisición por incumplimiento del plazo de entrega de la empresa contratada.
Al margen de los casos relacionados a los hechos de 2019, Camacho también es investigado por la aprobación de un decreto para dejar como gobernador a un secretario de su confianza, siendo que existe la autoridad del vicegobernador.
