Para este mes está prevista la visita de una comisión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Por tal motivo, el Gobierno adecúa, incluso bajo decreto, algunas normas que fueron recomendadas por este organismo.
El ministro de Justicia, Iván Lima, aclaró ayer que Gafilat realizó 40 recomendaciones para que la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo sea eficaz, por lo que el Gobierno ajusta las leyes bolivianas a las normativas referentes a esos delitos.
“Hay una comisión (de Gafilat) a nivel internacional que revisa la situación del lavado de dinero y su combate en todos los países del mundo. Esta comisión, que va a visitarnos en abril, tiene 40 recomendaciones que implican que permanentemente vayamos haciendo ajustes a nuestra norma”, explicó Lima en conferencia de prensa.
El Gafilat es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte.
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Prevención
Fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra estos flagelos y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.
El organismo internacional apoya a sus miembros en la implementación de las 40 recomendaciones y en la creación de un sistema regional de prevención contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
Las herramientas principales para asistir a los países son las medidas de capacitación y asistencia técnica (a través de la elaboración de guías, informes y documentos de apoyo), y las evaluaciones mutuas.
Norma
No obstante, el tratamiento de la ley en la Asamblea Legislativa fue suspendido debido a las observaciones y poca socialización con los sectores sociales, como gremiales y transportistas, quienes consideraron que se vulneraría sus derechos.
Ante esta situación, en gabinete de ministros, el Gobierno aprobó el miércoles el Decreto Supremo 4906, que congela los bienes de quienes estén implicados en delitos de narcotráfico, terrorismo y tráfico de personas, para combatir contra las ganancias ilícitas.
“Es un decreto modificatorio de una norma que está hace más de 10 años vigente en el país y que no está incorporando ningún tema nuevo”, aclaró el ministro de Justicia, Iván Lima.
La norma modifica y añade artículos del Decreto 1553, del 10 de abril de 2013, con el fin de coadyuvar al cumplimiento de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
“Lo que estamos haciendo es adecuar nuestra normativa a los compromisos internacionales que tenemos como Estado. Es un decreto modificatorio de una norma que está hace más de 10 años vigente en el país y que no está incorporando ningún tema nuevo”, insistió el Ministro de Justicia.
Socialización
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, señaló que el proyecto de Ley 305 tiene que ser “trabajado, socializado, analizado con todos los sectores y la población”.
Ese contenido fue calificado desde la oposición como un instrumento “para callar y perseguir”.
Lima aclaró que el artículo al que hacen referencia esos sectores se encuentra redactado en la Ley 045, Contra el Racismo y toda Forma de Discriminación, que data desde 2010, y que “no se ha cambiado ni una letra”.
No obstante, Lima dijo que buscará reuniones con las asociaciones de prensa en todo el país “para lograr que se despeje cualquier tipo de duda”.
Los tres proyectos de adecuación han generado un clima de tensión contra el Gobierno.
