En los últimos tiempos, una serie de eventos de desconocimiento y vulneración de las normas ha ocupado grandes espacios en los medios informativos; la débil respuesta gubernamental a muchos de estos eventos ha dado paso a la percepción de que las autoridades no hacen lo suficiente para proteger la seguridad de personas naturales y jurídicas, lo cual inevitablemente tiene un costo político.
El más reciente ejemplo se produjo durante los feriados de Semana Santa, cuando comunarios de Colchani, en la región de Lípez, al sur de Potosí, retuvieron a decenas de huéspedes de tres hoteles emplazados en el famoso salar de Uyuni, uno de los principales atractivos turísticos del país. El conflicto, calificado como “extorsión flagrante” por la Cámara de empresarios del sector, se produjo gracias a la falta de claridad sobre el derecho de uso de las tierras donde se levanta la infraestructura turística que explotan.
La viceministra del área afirmó que el conflicto se desató por el incumplimiento de acuerdos entre las partes, que existen desde hace dos décadas y que se modifican episódicamente incrementando la cuota que pagan los hoteleros. Para la autoridad, es difícil meterse en los acuerdos entre civiles, muy semejante al viejo dejar hacer y dejar pasar.
Casi al mismo tiempo, el Vicepresidente del Estado se vio impedido de ingresar a Chimoré, en el trópico de Cochabamba, pues decenas de personas impidieron su salida del aeropuerto del lugar, como habían amenazado días antes. Este hecho, que vulnera de manera flagrante el derecho a la libre circulación, consagrado en el artículo 21 de la Constitución Política del Estado no mereció reacción alguna, mucho menos una condena, de las autoridades competentes o del propio afectado.
Días antes de ese desaguisado, el expresidente del Estado, lamentando la ausencia de autoridad policial en el trópico cochabambino, y denunciando nuevamente una presunta persecución en su contra, lanzó una velada amenaza de crear grupos de “ronderos” como en la Sierra peruana. La declaración tampoco mereció más respuesta que la habitual de los operadores mediáticos de la oposición.
También cuentan los reclamos lanzados a fines de marzo por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y la Cámara Agropecuaria del Oriente por las recurrentes acciones de toma de tierras por presuntos campesinos interculturales; según el reporte oficial, solo en 2022 se produjeron 22 avasallamientos. Es poco lo que se conoce sobre la acción del Ministerio Público en la investigación y procesamiento de esos delitos.
Hay, pues, razones para la extendida percepción de inseguridad jurídica y hasta pérdida de control territorial por parte del Estado, que poco bien le hace a la imagen del Gobierno (y del país, ante la mirada desde el extranjero) y abona a una evidente pérdida de confianza ya no solo en las instituciones, sino también en las normas, lo cual, en última instancia, lastima a la democracia y la pacífica convivencia.
