El exministro Carlos Romero sugirió al ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, hacer una “auditoría pulcra” sobre la compra de gases lacrimógenos e insinuó que le enseñará a administrar de forma “transparente” el dinero de los bolivianos.
“A @EDelCastilloDC que desea realizar una auditoría a los procesos de adquisición de material policial en mi gestión, le sugerimos que dicha auditoría la realice con pulcritud para que aprenda cómo se realiza una compra transparente con dinero del pueblo Boliviano (sic)”, tuiteó.
El miércoles, De Castillo reveló que instruyó una auditoría a la gestión de Romero, ministro de Gobierno en la gestión de Evo Morales, por la compra de un stock de gases lacrimógenos a través de una empresa intermediaria. El caso data de 2018.
“Vamos a pedir a la instancia de auditoría que realice las investigaciones correspondientes. Y si existen elementos formales y suficientes vamos a iniciar las acciones correspondientes”, aseguró el ministro en referencia al contrato 626/2018.
En respuesta, Romero se estrelló contra Del Castillo, tanto así que le sugirió que la auditoría sea también hacia su fortuna y bienes recientemente adquiridos.
“Los procesos de Adjudicación que realizamos distan en transparencia demasiado de los que realizó el Sr. Murillo. Sr. @EDelCastilloDC También le sugerimos extienda la auditoría a su propia fortuna y bienes recientemente adquiridos con ayuda de la gente de su entorno (sic)”, escribió el exministro de Gobierno.
Del Castillo también había anunciado una auditoría a la gestión de Arturo Murillo, ministro de Gobierno en el régimen de Jeanine Áñez.
Arturo Murillo
Murillo y el entonces ministro de Defensa, Luis Fernando López, contrataron a la intermediaria Bravo Tactil Solutions (BTS) para la compra de los gases lacrimógenos de la firma Cóndor.
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De acuerdo con las investigaciones, el costo total de la compra de los materiales antidisturbios en 2019 fue de $us 5,7 millones, de los que $us 3,3 millones se pagaron a la empresa Cóndor. Otros $us 2,3 millones a la intermediaria que formó parte de la organización delictiva armada por Murillo y sus cómplices.
Murillo junto con Philip Lichtenfeld, los hermanos Bryan y Luis Berkman, y Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal fueron sentenciados en Estados Unidos por delitos de soborno y lavado de dinero. Precisamente, los recursos provenientes del sobreprecio fueron internados de manera irregular en aquel país.
