El Gobierno lanzó este jueves la Política de Control y Lucha Contra el Contrabando de Combustibles, que integra a varias instituciones del Estado, con el objetivo de evitar la fuga de carburantes y logar el ahorro de cerca de $us 1.000 millones.
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, dijo que este plan se enmarca en los dos decretos aprobados el miércoles. Y que se hará un control exhaustivo a la comercialización de combustibles; desde la importación producción hasta que llegue al consumidor final de manera lícita.
Este plan “tiene como objetivo fundamental una serie de medidas de control y optimización que van desde la producción, importación, venta al consumidor final de combustibles.Y así permitir generar un ahorro de 1.000 millones de dólares”, explicó en conferencia de prensa.
Explicó que el Decreto Supremo 4910 está relacionado con el control, fiscalización y regulación de combustibles y a la trazabilidad y transparencia en la cadena de la comercialización.
Ahorro
Para ello, las instituciones del Estado, como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Fuerzas Armadas y la Dirección de Sustancias Controladas se encargarán de interceptar el desvío de los combustibles.
Molina dijo que esta primera medida, con el control de las diferentes instancias del Estado, el Gobierno busca ahorrar cerca de $us 250 millones. Estos recursos “que cada año se destinan a distintas actividades ilícitas”.
Según un diagnóstico que describió Molina, se identificó consumos inusuales “del 30%, 40%” de combustible, principalmente en zonas fronterizas, que salen de distintas estaciones de servicio. E incluso de almacenaje de la cadena de hidrocarburos, destinado a la fuga de combustible subvencionado.
“La subvención la pagamos todos, de los impuestos que pagan todos, y que hoy por hoy repercuten en divisas de importación de combustibles que están destinadas a garantizar la seguridad energética del país”, explicó.
Esto ocasiona desabastecimiento de combustibles, principalmente en los sectores productivos.
Logística
El segundo decreto, el 4911, establece la interoperabilidad entre la Dirección de Sustancias Controladas, YPFB y ANH para realizar un control en la logística en la comercialización de combustibles el cual se controlará en tiempo real para evitar su desvío.
Se “establece un mecanismo de control no solo serio, sino que nos permita controlar en tiempo real en línea todo este flujo de combustibles”, sostuvo Molina.
Como ejemplo, dijo que se identificó motocicletas que cargaron en un año lo que cargan 10 cisternas durante 12 meses. “Hay desviaciones por eso estamos estableciendo medidas serias en cuanto al control de combustibles”.
La segunda medida está relacionada con la reducción de los costos en la logística de combustibles. El mes pasado, el presidente de la petrolera estatal, Armin Dorgathen, anunció que pretenden optimizar la compra de combustibles a través de medidas logísticas; como la habilitación de los ductos por el sector del occidente del país.
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“Esta medida nos permitirá ahorrar poco más de 300 millones de dólares por año y son medidas que tienen, hoy por hoy, un objetivo de garantizar (no solo) el suministro, sino que los costos para el Estado disminuyan de acuerdo con todo este esfuerzo”, precisó.
La tercera etapa está vinculada con la reducción la importación de combustibles. Para ello, está prevista la construcción de plantas de biodiésel que ya se emplazan en el país; una en Santa Cruz y otra en la ciudad de El Alto, en La Paz. Además, se proyecta la construcción de una tercera planta con tecnología HVO que, con el reciclado de aceites, se producirá diésel ecológico.
Combustibles
Molina explicó que esa medida permitirá un ahorro de $us 350 millones. Esas acciones, reiteró, representarán un ahorro para el Estado de cerca de $us 1.000 millones; además, los combustibles no serán destinados a actividades ilícitas como el narcotráfico y minería ilegal, y desviados a otros países.
“Este paquete no busca generar un desabastecimiento sino más bien todo lo contrario, garantizar la transparencia, la lucha contra el contrabando, corrupción y preservando el uso que tenemos los bolivianos, el garantizar nuestra seguridad energética en el país”, afirmó.
En Bolivia, la venta de diésel y gasolina a los usuarios tiene una subvención de parte del Estado; en países como Perú, los precios son cambiantes y más elevados.
