El martes, las tres capitales del eje vivieron movilizaciones callejeras de grupos cívicos, gremiales, médicos y paramédicos que se oponen a la aprobación, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, de un “paquete” de leyes supuestamente orientado a recortar libertades. Las personas movilizadas decidieron ignorar el hecho de que sus demandas ya fueron atendidas, porque el objetivo es otro.
En efecto, las movilizaciones eran contra tres proyectos de Ley, el 280, el 304 y el 305, cuyos artículos conflictivos ya habían sido suprimidos o, como en el caso de dos de ellos, cuyo tratamiento legislativo está en suspenso a pedido expreso de sus proponentes. Se evidencia así una peligrosa combinación de desinformación con capacidad de movilización o, dicho en otras palabras: la gente sale a protestar sin saber por qué.
En el caso del proyecto de Ley 280, de Fortalecimiento a la Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, que logró movilizar al sector gremial, que denuncia un supuesto “atentado” contra su trabajo, el tratamiento legislativo no solo ha sido suspendido, sino que se arrastra desde enero de 2022, cuando similares protestas impidieron que el trámite avanzara. Es inexplicable que más de un año después, el conflicto ni ha sido resuelto ni la norma ha sido aprobada y promulgada.
Igualmente, la protesta de la dirigencia de los gremios periodísticos (que ya no disimula sus prácticas de segregación y discriminación de periodistas y medios que no comulgan con su ideología, como se evidencia en sus comunicados públicos), logró que un artículo del proyecto 305, que adecúa las normas nacionales a estándares internacionales de derechos humanos, sea eliminado. Se trata de la sanción que corresponde a quienes difundan contenido racista en los medios y que ya fue objeto de polémica en 2010. Es inexplicable que, casi 13 años después, no se ha resuelto el conflicto y que sean los dirigentes del gremio quienes defienden un inexistente derecho a promover el racismo a título de libertad de expresión.
Finalmente, el tercero de los proyectos de ley, un desaguisado que pretendía regular el contenido difundido por redes sociales, ya fue retirado por el impulsor de la norma, un diputado del MAS, lo cual no ha impedido que tanto operadores mediáticos de la oposición como dirigentes de los grupos movilizados sigan usándolo como argumento para sus demostraciones callejeras.
Es evidente, pues, que a estas alturas del conflicto político, los sectores más reaccionarios y conservadores del país tienen control sobre una parte de la opinión pública (cuando menos, aquella dispuesta a salir a las calles a protestar), prescindiendo por completo de razones verdaderas, mientras que el oficialismo ha perdido no solo la iniciativa, sino incluso la agenda de tareas urgentes que debería estar ejecutando para garantizar, siquiera, un poco de gobernabilidad, hoy amenazada por los frentes aquí nombrados y otros que buscan impedir el éxito en la gestión de la cosa pública.
