El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, retornó al país después de su viaje al Vaticano y dijo que espera una nueva citación en el caso judicial del paro de 36 días del año pasado.
“Nos vamos a someter al proceso, a colaborar, coadyuvar a las investigaciones; sabemos que nosotros no hemos cometido ningún ilícito”, dijo el funcionario, que fue coordinador del Comité Interinstitucional Impulsor del Censo de Santa Cruz.
Un paro convocado por esa organización, integrada por la UAGRM, el Comité pro Santa Cruz y la Gobernación, buscó sin éxito que el Gobierno convoque al Censo de Población y Vivienda para 2023.
La movilización degeneró en violencia y la muerte de al menos tres personas, por represalia de allegados a la protesta, accidente y peleas en puntos de bloqueo. Además, miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) quemaron y saquearon las sedes de la Federación de Campesinos y la Central Obrera Regional.
“Nosotros no hemos cercado Santa Cruz, no hemos impedido que lleguen los alimentos al resto de los departamentos; eso ha sido (causado por) otras personas a la cabeza de algunos ministros que trataron de generar violencia los días de paro”, justificó Cuéllar.
El rector llegó la madrugada de este jueves al aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz. Indicó que aún no tiene fecha de reprogramación de su declaración en el caso que investiga la violencia en el paro de 36 días que había comenzado el 21 de octubre.
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Cuéllar viajó al Vaticano por una invitación del papa Francisco, cuya visita coincidió con el mismo día en que debía prestar su declaración en calidad de denunciado.
Junto a él están señalados también Rómulo Calvo, otrora presidente del Comité pro Santa Cruz; el vicerrector de la UAGRM, Reinerio Vargas, y el abogado José Luis Santistevan. Estas tres personas asistieron a la citación programada para el jueves 13 de abril, pero hicieron uso de su derecho a permanecer en silencio.
En un confuso episodio se señaló que los implicados en el caso, más el gobernador Luis Fernando Camacho, ahora en prisión en Chonchocoro, se encontraban bajo alerta migratoria.
Cursa el proceso a instancias del secretario ejecutivo de la Central Obrera Regional de El Alto, Marcelo Mayta.
Son 10 los delitos señalados contra los implicados: 1) resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; 2) atentados contra el presidente y otros dignatarios de Estado; 3) violencia política contra mujeres; 4) racismo; 5) discriminación; 6) atentado contra la libertad de trabajo; 7) atentado contra la seguridad de servidores públicos; 8) asociación delictuosa; 9) terrorismo y 10) impedir el desarrollo de funciones.
