Desde agresiones físicas hasta amenazas de muerte afrontan activistas en el país por denunciar y defender a mujeres, niños, niñas y adolescentes que son víctimas de violencia de género, abuso sexual y feminicidios.
En su mayoría, las activistas son mujeres defendiendo a otras mujeres, que luchan en primera línea con las víctimas contra todo tipo de abusos. Esta labor no solo las pone en riesgo a ellas, también a sus familias; sin embargo, coinciden en que no les atemoriza continuar en la lucha, a pesar de que no tienen protección del Estado.
La directora del Observatorio de Justicia de la Fundación Voces Libres, Mercedes Cortés, contó a LA RAZÓN que las defensoras no solo lidian con amenazas, insultos y agresiones físicas de parte de los familiares de los imputados, también enfrentan a abogados, consorcios de abogados “inescrupulosos” que en las audiencias mellan su dignidad, a vista de los jueces.
“En las audiencias somos insultadas públicamente, casi siempre a vista de los jueces, que temen las represalias de estos abogados que se dicen ser mafiosos, que están en contacto con el mundo del hampa o que defienden a este grupo de personas y que por eso se creen intocables”, denunció Cortés.
A la abogada Jéssica Echeverría, directora de la Red Contra el Infanticidio y el Abuso Sexual le tocó defender a una joven, víctima de violación grupal. El caso fue denominado La Manada en el que se logró la sentencia del principal acusado Alejandro Saavedra.
Tras la audiencia, Echeverría y el fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, denunciaron que luego de conocerse la sentencia, los familiares del acusado lanzaron fuertes amenazas.
“En este y otros casos yo he sufrido amenazas de muerte verbales y por mensajes (de WhatsApp), campañas de desprestigio en redes sociales. La historia no acaba cuando ellos (los imputados) se van presos y las defensoras estamos desprotegidas”, contó.
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La activista dijo que sufre hasta el momento de amenazas de un privado de libertad que fue enviado a prisión por violación serial. En las capturas de mensajes que Echeverría facilitó a este medio de comunicación se evidencia ese hecho.
A su turno, Fátima Nogales, directora del Colectivo Mujeres de Fuego, afirmó que le tocó llevar varios casos de violencia sexual y feminicidios, también en Cochabamba, por los cuales también fueron amedrentadas.
“Han ido a apedrear la oficina donde recibimos los casos. Alguna vez hemos sentido que somos perseguidas. No es fácil, pero nuestra convicción de defender a las mujeres es más fuerte que el miedo”, mencionó la activista.
Tanto Cortés, como Echeverría y Nogales piden al Estado brindar la protección necesaria para las activistas para continuar en la lucha. Aclararon que el apoyo que brindan a las víctimas es sin retribución económica.
