El juez primero de Instrucción Anticorrupción, Helmer Laura, determinó la detención preventiva por seis meses para el gobernador Luis Fernando Camacho por presunta vinculación en el paro violento de 36 días en Santa Cruz.
“Determinamos que, por el momento, el señor Luis Fernando Camacho deberá mantener una detención preventiva en el penal de Chonchocoro por el tiempo de seis meses que había solicitado el Ministerio Público y las demás instituciones”, anunció Laura.
Camacho, el otrora presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y el rector de la Universidad Gabriel René Moreno (UGRM), Vicente Cuéllar, encabezaron entre octubre y noviembre de 2022 las movilizaciones por Censo 2023.
A estos se suman el abogado José Luis Santiestevan y el vicerrector de la UAGRM, Reinerio Vargas.
El 13 de abril Calvo, Santiestevan y Vargas se acogieron al derecho al silencio. Además, que Cuéllar a su llegada del Vaticano aseguró estar dispuesto a declarar, pero su audiencia no fue reprogramada.
Camacho es investigado por delitos varios, entre ellos, terrorismo, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, racismo, discriminación, atentados contra la libertad de trabajo, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, asociación delictuosa, desórdenes o perturbaciones públicas.
En ese sentido, la audiencia del pasado jueves en la noche duró un poco más de ocho horas. Camacho es el único imputado por este caso.
Además, durante la audiencia el gobernador se mostró ofendido ante la declaración de un abogado de la parte acusadora que se refirió a los participantes del cabildo llamándolos “muchedumbre”. Camacho solicitó respeto hacia los cruceños.
“Fue un millón y medio de personas, que, si bien no las convoqué yo, y tampoco participé de las preguntas y de la tarima, y estuve abajo, el pueblo merece respeto, porque el precio de estar ahí es la cárcel que me ha tocado”, arguyó.
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El paro degeneró en violencia. Al comenzar nomás la movilización, una persona murió en Puerto Quijarro, golpeada por seguidores cívicos que instalaban un bloqueo. Otras tres personas murieron en puntos de bloqueo.
Además, miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) saquearon y quemaron las sedes de la Federación de Campesinos y la Central Obrera Regional. La Casa de la Mujer denunció un caso de violación múltiple en los primeros días de las protestas.
Las movilizaciones convocadas por el Comité Interinstitucional, a cargo del Comité pro Santa Cruz, la Gobernación y la UAGRM, buscaban que el Censo de Población y Vivienda se desarrolle en 2023. Al final, luego de una mesa técnica en Cobija, la Asamblea Legislativa definió, mediante ley, que el censo se lleve a cabo el 23 de marzo de 2024.
Camacho guarda detención de cuatro meses más por el caso Golpe de Estado I, de hecho precedentes a la caída del gobierno de Evo Morales en 2019.
La denuncia contra Camacho, Calvo, Cuéllar, Santiestevan y Vargas fue interpuesta por el secretario ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta Huanca, el 11 de noviembre de 2022.
El caso radica en La Paz, pese a que los hechos ocurrieron en Santa Cruz.
