El tiempo va transcurriendo y la agenda económica del Gobierno se va precisando. Resaltó desde un inicio el impulso a la demanda interna mediante el Bono Contra el Hambre, las medidas de redistribución y una política de aumento salarial razonable. Se espera ahora un mayor esfuerzo en la reactivación de todos los sectores, entendiendo las difíciles condiciones en que han quedado debido a la pandemia.
Las orientaciones de la política económica del presidente Arce se van precisando. Entre las medidas más destacables y con impactos positivos hay que resaltar la otorgación del Bono Contra el Hambre que ha beneficiado a más de cuatro millones de personas y una serie de acciones de redistribución del ingreso a sectores vulnerables como los jubilados o las personas con salarios bajos.
La apuesta de la actual administración de inyectar recursos directamente al bolsillo de los ciudadanos para que la demanda interna se reactive con fuerza parece sensata por ahora, considerando la situación de depresión y de falta de liquidez que ha afectado a todos los sectores productivos y servicios del país desde el año pasado. Se trata de políticas que están siendo implementadas tanto en economías desarrolladas, léase las europeas o de Estados Unidos, como en la mayoría de los países en desarrollo.
Es también destacable el esfuerzo gubernamental para recomponer y relanzar la inversión pública, que cayó a niveles muy bajos el año pasado, entendiendo que de esa manera se promueve la recuperación de sectores clave para el empleo como las construcciones o servicios empresariales.
Paralelamente se sigue a la espera de señales claras en torno al apoyo que el Gobierno podría dar a los emprendimientos privados de todo tipo y tamaño para que se reactiven y empiecen a producir y expandir sus actividades. Esto pasa por facilitarles opciones crediticias y por aliviar razonablemente ciertos pesos en sus finanzas, pero sobre todo por entender las limitaciones y pérdidas acumuladas en lo que vamos de la pandemia. En este sentido, se ha recomendado desde este mismo espacio abrir un diálogo más abierto y cooperativo entre el gobierno del MAS y la empresa privada boliviana.
La decisión de congelar el aumento al haber básico este año e incrementar en 2% el salario mínimo nacional es una señal amigable considerando la grave crisis que están enfrentando los grandes, medianos y pequeños empresarios privados. Sin embargo, dicha señal de moderación no es suficiente, se precisan ajustes normativos, mecanismos que faciliten la dinamización de los negocios y mayor comprensión acerca de las limitaciones de muchas empresas.
Por esa razón, en particular en este momento, es urgente establecer un diálogo fecundo y constructivo entre las autoridades y el sector privado, en toda su diversidad, para construir una agenda de reactivación realista y esperanzadora para los próximos meses.
