Más de 3,2 millones de solicitudes se registraron este lunes en la primera jornada para acceder al tercer retiro del 10% de las pensiones, al que están habilitadas un total de más de nueve millones de personas, con el fin de paliar la crisis generada por el COVID-19.
Tras ocho horas de la habilitación del proceso de retiro se acumularon 3.243.657 pedidos de retiro de fondos previsionales. El número corresponde al 31% del total de afiliados y beneficiarios del sistema que cuentan con recursos disponibles, indicó un comunicado de la Superintendencia de Pensiones.
Las solicitudes son atendidas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), entidades privadas que manejan el sistema previsional chileno, que comprende a cerca de 10 millones de un total de 19 millones de habitantes.
«Las plataformas han sabido responder a la alta demanda ocurrida durante las primeras horas del día, lo que refleja el trabajo que están realizando los más de 7.000 trabajadores de las AFP a lo largo del país», indicó la presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox.
En esta primera jornada del tercer periodo de retiro se registraron 300.000 solicitudes menos que en el inicio del segundo retiro del 10%, el 10 de diciembre pasado.
La menor cantidad de solicitudes «se puede explicar porque ya hay tres millones de personas que no pueden participar de este tercer retiro, porque sus cuentas quedaron en cero tras los dos procesos anteriores», explicó Cox.
Si bien las AFP tienen un plazo máximo de 15 días hábiles para habilitar las sumas, el regulador indicó que «se espera que los primeros pagos se efectúen a contar de finales de esta semana».
La solicitud del tercer retiro se realiza por internet y el afiliado tiene un año para realizarla.
Los retiros parciales de las pensiones han servido a los afiliados para hacer frente a la dura crisis económica causada por la pandemia.
Su implementación ha sido impulsada desde el Congreso por parlamentarios opositores apoyados por oficialistas y se ha convertido en una dura derrota política para el presidente conservador Sebastián Piñera, quien ha rechazado su implementación.
