El martes, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, una organización que promueve los derechos humanos, denunció que el Estado de Bolivia aún no da señales sobre el esclarecimiento de las “masacres” de Sacaba y Senkata, durante el gobierno de Jeanine Áñez en 2019.
Ante la falta de investigaciones por parte del Estado boliviano, la organización llamó la atención de las autoridades para que cumplan con las exhortaciones de la Relatoría sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la ONU, que conoce la denuncia de CELS desde el 20 de agosto de 2020.
“Porque cada día que pasa aleja a las víctimas de estas masacres y sus familiares del derecho a la verdad y a la justicia”, cuestionó el martes la organización.
El 15 de noviembre de 2019, al amparo del Decreto Supremo 4078, que eximía de responsabilidades penales a los elementos de seguridad, el gobierno de Áñez instruyó a la Policía Boliviana y a las Fuerzas Armadas intervenir las protestas que entonces eran convocadas en contra de la administración transitoria, cinco días después de la renuncia del presidente Evo Morales. Entonces, una columna multitudinaria de campesinos y cocaleros fue interceptada por las fuerzas combinadas en el puente Huayllani, en el municipio de Sacaba, Cochabamba.
La intervención policial-militar terminó con la muerte de al menos nueve personas ese día. Entonces, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, afirmó que las muertes ocurrieron porque los manifestantes se dispararon entre sí.
Cuatro días después, el 19 de noviembre, otra manifestación de civiles fue intervenida por las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana en Senkata, en El Alto, La Paz. El resultado fue otros nueves fallecidos.
Entonces, el ministro de Defensa, Luis Fernando López, deslindó responsabilidades de parte de las Fuerzas Armadas en los hechos y afirmó que el Ejército no disparó “ni un solo cartucho”.
“En ambos casos, integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad dispararon indiscriminadamente contra manifestantes y terceros, dejando un total de 27 muertos y cientos de personas heridas”, recuerda CELS.
En comunicación dirigida por CELS y otras organizaciones de derechos humanos a Agnés Callamard, relatora sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la ONU, solicitaron a la funcionaria “que declare la responsabilidad del Estado Plurinacional de Bolivia de Bolivia por las ejecuciones extrajudiciales y las demás violaciones contra la integridad cometidas en las masacres de Sacaba y Senkata”.
CELS recordó que tres meses y medios de esa solicitud, un conjunto de varias relatorías de la ONU instó al Estado boliviano a tomar acción porque “existe un asunto que justifica una atención inmediata” del caso.
Además, invitaron al Estado a adoptar “todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de las personas mencionadas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas”, así como a tomar “las medidas efectivas para evitar que tales hechos se repitan”.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), desplazado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), trabaja por seis meses en Bolivia con el objetivo de esclarecer los hechos luctuosos en la crisis poselectoral de 2019.
En un informe preliminar, la CIDH, organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), estableció que en Sacaba y Senkata hubo masacres y graves violaciones a los derechos humanos.
