Con el cambio de gobierno, en noviembre de 2020, surgió la urgencia de reformar la Justicia en el país. Entonces el Ministerio de Justicia, que rige Iván Lima, tomó la iniciativa e intentó, sin éxito, generar debates y consensos con ese fin.
El presidente Luis Arce trazó tal transformación como uno de los pilares de su gobierno, para “acabar con un sistema corrupto, ineficiente y sometido a los poderes políticos”.
En contraposición, la realidad demostró que esta es una tarea muy engorrosa para la cartera de Justicia: efectuar un diagnóstico de la situación en breve tiempo, planificar la reforma, reunir a los actores directos en consenso y finalmente, aplicar el cambio.
Lima explicó a LA RAZÓN que planteó una reforma constitucional en primera instancia; sin embargo, ésta se ve frenada porque “no es la prioridad”.
Detalló que a la fecha se trabaja en cinco ejes, “la reforma a Derechos Reales, cuyo proyecto ya está en el Consejo de Política Económica y Social (Conapes). Está a nivel de dato en el gabinete ministerial. El segundo tema es un proyecto de ley que está dirigido a los niños sin hogar.
El tercer tema se trata de la Ley de Carrera Judicial. El cuarto eje es la institucionalización de la Justicia y del Ministerio Público. Y, finalmente, estamos hablando de que en el escenario de la Justicia como tal se requiere un plan de “reforma estructural”. A la fecha, solo fue modificada la Ley de Adopciones.
