Hace pocos días el vocero gubernamental ha dado señales favorables para la realización del Censo de Población y Vivienda el próximo año. Se trata ciertamente de una buena noticia, que debería motivar a círculos cada vez más extensos de opinión pública, en pos de lograr un respaldo suficiente respecto de una ley del censo, que establezca las competencias del Instituto Nacional de Estadística (INE) en la preparación, ejecución y divulgación de los resultados del censo. Dicha ley debería contener también una convocatoria para la participación en todo el proceso de la sociedad civil organizada, las universidades, los gremios empresariales, las organizaciones sindicales y los medios de comunicación. Además, sería sumamente conveniente que se establezca una comisión nacional del censo, que contribuya a recopilar de manera ordenada las diferentes necesidades de información cuantitativa de parte de los mencionados actores y otros que se juzgue pertinentes.
Es preciso, asimismo, fortalecer significativamente las capacidades institucionales del INE, a fin de que esté asegurada la confiabilidad de las estadísticas demográficas, de vivienda, de empleo e ingresos, así como de aspectos ambientales y de resiliencia ante desastres naturales. Forma parte de ese requisito la capacitación de los encuestadores y sus supervisores, encargados de llevar a cabo las entrevistas domiciliarias y así también de los que construyan las cartografías necesarias. Valdría la pena tomar en cuenta que, a diferencia de otros años, quizás todavía sea necesario proteger a todo el personal involucrado con los requisitos sanitarios imprescindibles, si acaso todavía exista el riesgo de contagio COVID-19 u otros virus.
El INE debería adquirir la categoría de organismo independiente, con autonomía de gestión, selección meritocrática de su personal, encabezado por un directorio plural de personalidades representativas y competentes. Tales atributos, competencias, facultades y responsabilidades convendría que se encuentren claramente plasmadas en una ley especial del INE.
Es necesario llevar a cabo un amplio proceso de deliberación y consulta para diseñar el contenido detallado de las boletas censales, que son la pieza central para recopilar una vez cada 10 años la información necesaria que caracteriza a toda la sociedad boliviana en un momento preciso del tiempo, con precisión suficiente para el trabajo de todo tipo de usuarios estatales, gubernamentales, regionales, académicos, públicos y privados, entre otros.
Con miras a corregir los sesgos que se presentaron en el pasado, sería conveniente llegar a un acuerdo científicamente validado sobre el diseño de dicha boleta, que satisfaga las diversas demandas de información expresadas por los distintos tipos de usuarios, optimizando el equilibrio de los diversos intereses, dentro de la extensión recomendable que debe tener la boleta. Es conveniente señalar que la solidez de dicha información es el requisito primordial para las proyecciones modelísticas de los próximos 10 años, así como también para permitir las comparaciones internacionales correspondientes.
Como ya señalé en mi columna anterior, la información recopilada le pertenece a la propia sociedad en la medida en que son sus datos los que constituyen el fundamento básico de los agregados censales que se presentan luego en forma de indicadores, coeficientes y series temporales, armados en una gran variedad de cuadros y matrices para los diferentes usos de entidades públicas, organizaciones de todo tipo y especialistas.
Los resultados estructurados del censo también le pertenecen a lax sociedad, aunque estén bajo la administración de una entidad pública. Por eso deben ser del más amplio acceso, en modalidades comprensibles para los diferentes usuarios.
Horst Grebe es economista.
