La prensa consigna que la transnacional Glencore busca vender las operaciones de sus minas del “cinturón de plata” en cuatro países de Sudamérica, entre ellos Bolivia. Esta actividad propia del mundo de los negocios, la oportunidad para maximizar la ganancia, no siempre concuerda con los intereses de los países que les acogieron para hacer negocios. En nuestro caso, donde vivimos un proceso de transición del régimen neoliberal a uno de economía de mayor planificación estatal, los cambios no han sido del agrado de muchos, buscando resistir sin abandonar el barco.
Glencore heredó el imperio minero de Gonzalo Sánchez de Lozada, poco después de su huida en octubre de 2003. Compró sus empresas, la interrogante es a cuánto, porque al estar la empresa Comsur Ltda. registrada en el paraíso fiscal de Panamá, la transacción fue un secreto: no fue registrada en Bolivia, ni mucho menos se pagó un centavo por esta transferencia al país. En base a una cláusula del contrato, la Comibol autorizó el cambio del titular del contrato en 2004.
La actual situación de los contratos mineros es diferente. Éstos no se conciben como una transferencia de la propiedad nacional —los recursos naturales— a un privado, ni siquiera a un ente estatal. El contrato es una autorización para la explotación de los minerales en función de un plan de operaciones que incluye la inversión de capital, un cronograma de ejecución y la información periódica para demostrar el cumplimento del mismo. Es de suponer que para una transferencia de derechos, los contratos de las áreas de Caballo Blanco: Colquechaquita, Reserva y Tres Amigos, y de Soracaya tienen que estar vigentes, es decir, que el plan se cumpla, lo cual solo lo puede certificar la Autoridad Jurisdiccional Minera (AJAM). ¿Se tiene esta certificación y de cuándo data?
Glencore/Sociedad Minera Illapa S.A. además tiene un contrato de asociación con la Comibol, titular de las minas de Bolívar y Porco. Éste nunca se ejecutó debido a una modificación del contrato original aprobado por el Directorio de la empresa estatal minera y modificado en su trámite en 2013, situación advertida por el exvicepresidente Álvaro García Linera, y denunciada a la Fiscalía por dos miembros del Directorio de la Comibol. El daño provocado por esa modificación y calculado por técnicos de la Comibol alcanzaba a $us 20 millones.
Esta modificación inviabilizó su ejecución, porque no había acuerdo de las partes sobre la fecha inicial del contrato, por tanto no se pudo hacer el cierre de los contratos anteriores de riesgo compartido y alquiler, ni las auditorías que exigía el contrato. Los contratos de asociación, en la perspectiva de la Constitución del Estado Plurinacional, pretenden una alianza público-privada con la inyección de capital para dar valor comerciable a un recurso natural, con una participación mayoritaria para el pueblo boliviano. En el caso que nos ocupa, la participación de la Comibol era del 55%, con una inyección de $us 104 millones en cinco años para aumentar la producción en 50% más que los niveles de producción de 2011, con la generación de reservas, modernización de las instalaciones y la construcción de un ingenio nuevo.
Se buscó resolver el entuerto con una adenda suscrita el 5 de octubre de 2018, que volvía a los términos del contrato original. Esta adenda que modificaba un contrato aprobado por una ley tenía que tener la misma fuerza para su ejecución, por lo que fue remitida al Ejecutivo en 2019 para su trámite. Sin embargo, nunca se promulgó la ley.
De la información disponible, la situación en cuanto al contrato de asociación seguiría en las mismas condiciones, y la empresa sigue explotando sin que haya contrato perfeccionado. Por otra parte, el contrato establece que “Las partes no podrán ceder, transmitir o delegar sus derechos y obligaciones a terceros originados por este contrato, salvo acuerdo expreso suscrito por las mismas”. Como la decisión hecha pública por Glencore sobre la intención de la transferencia de derechos tiene fecha de noviembre 2020, la autorización de la Comibol habrá sido anterior a esta fecha. ¿Cuándo y por quiénes?
Esta situación debe aclararse por los órganos llamados por ley: Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Asamblea Legislativa, más allá del Control Social del pueblo boliviano.
José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.
