Encaramados sobre los torniquetes de estaciones del metro de Santiago en octubre de 2019, los estudiantes encendieron la mecha de las mayores protestas sociales en décadas en Chile. Un último hito tras años de movilizaciones que tienen al país sudamericano a puertas de una histórica elección de constituyentes.
Primero con la llamada «Revolución pingüina» de 2006; luego con las multitudinarias protestas de 2011 exigiendo «Educación pública, gratuita y de calidad», y las tomas feministas de universidades en 2018, los estudiantes han sido protagonistas de las manifestaciones sociales más multitudinarias de los últimos años en Chile.
Su llamado a «evadir» el pago del boleto del metro en octubre de 2019 encendió el llamado «estallido social», que logró poner en jaque al gobierno del conservador Sebastián Piñera tras protestas que convocaron a más de un millón de personas.
Las manifestaciones dejaron una treintena de muertos, centenares de heridos y destrozos en la infraestructura pública, pero lograron encauzar el plebiscito en el que un año más tarde se aprobó —por una abrumadora mayoría del 80%— escribir una nueva Constitución que acabe con la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
«La movilización estudiantil en este largo ciclo [de protestas] previo al ‘estallido social’ es fundamental», dice a la AFP Emilia Schneider, expresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y hoy candidata a constituyente para la elección de este 15 y 16 de mayo.
Para Rodrigo Pérez, expresidente del centro de alumnos del Instituto Nacional, el emblemático colegio cuna de las movilizaciones que antecedieron a las masivas protestas de octubre de 2019, esas manifestaciones jaquearon «a una democracia que por tantos años se basaba en la Constitución de Pinochet, que es el símbolo de la desigualdad».
DECEPCIÓN DEL MODELO
Los estudiantes chilenos dieron una primera prueba de su fuerza en 2006, cuando con sus uniformes escolares —azul y blanco, por lo que coloquialmente se les apoda como pingüinos— salieron a las calles para exigir el fin de la Ley de Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) que dictó Pinochet casi al final de su régimen para traspasar a los municipios la administración de las escuelas públicas.
En 2011, con muchos de esos estudiantes secundarios ya en las universidades, fueron por más y abogaron por una «Educación pública, gratuita y de calidad», en uno de los países con más altos aranceles y donde no se podía estudiar gratis. En marzo de 2016, por primera vez en 35 años estudiantes chilenos volvieron a tener la posibilidad de estudiar de forma gratuita.
Y en 2018, a través de extensas tomas feministas y protestas callejeras, las estudiantes empujaron una agenda de género y protocolos especiales al interior de las universidades.
«En la educación se ha visto la decepción del modelo neoliberal en Chile. Nos decían que a través de ella podíamos ascender socialmente y mejorar nuestra calidad de vida y de las personas que queremos, pero eso termina no siendo así», dice Schneider, para explicar por qué los estudiantes se han puesto al centro de las manifestaciones.
Para Martín Hopenhayn, profesor de sociología de la juventud de la Universidad Diego Portales, los jóvenes «se sienten engañados, estafados por una sociedad que cultiva y perpetúa privilegios por cuna».
ESPERANZA Y DESCONFIANZA
Los estudiantes esperan que la nueva Constitución consagre como derechos sociales todas las demandas que surgieron de la última revuelta.
«La Constitución es el punto de convergencia, es el camino correcto hacia la consagración de los derechos sociales para que haya una mejor educación y para que deje de existir una salud para pobres y otra salud para ricos», dice Pérez, candidato a concejal por el municipio de Independencia.
Pero algunos también desconfían de este proceso, sobre todo, porque para la elección de constituyentes entre los casi 1.400 candidatos hay apenas 50 inscritos de entre 18 y 25 años.
«Las trabas para los candidatos independientes son brutales, tienen poco tiempo en la franja televisiva electoral como también poca capacidad de recursos a diferencia de los candidatos de partidos políticos», dice Víctor Chanfreau, exvocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), el ala más combativa de los estudiantes.
Chanfreau, nieto de una de las miles de víctimas de la dictadura de Pinochet, desconfía también del eventual veto que pueda ejercer una minoría conservadora «que podría poner trabas a los cambios que realmente queremos, principalmente en educación».
