Una columna de llamas se elevó del palacio de justicia mientras encapuchados celebraban el incendio. La escena ocurrió el martes en el convulso municipio de Tuluá, en el suroeste de Colombia, tras una tarde de enfrentamientos entre manifestantes y policías.
Según el medio local La voz de los robles, la quema del edificio se dio luego de que policías antidisturbios trataran de «despejar los bloqueos» de manifestantes en la ciudad situada a casi 100 kilómetros de Cali, capital del Valle del Cauca.
En respuesta, encapuchados incendiaron el edificio y bloquearon el paso de bomberos, según se observa en diferentes videos difundidos en redes sociales.
El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, condenó en Twitter los «actos de terrorismo que buscan sembrar caos y miedo», mientras que el jefe de la cartera de Defensa, Diego Molano, denunció en la misma red social a «los vándalos» que «quieren obstruir la justicia» con este ataque.
La escena evoca funestos recuerdos en un país donde la toma guerrilla del Palacio de Justicia por el M-19 en 1985, y su sangrienta retoma por parte del Ejército, en medio de un gigantesco incendio registrado por la televisión, dejaron un centenar de muertos.
Desde que se iniciaron las movilizaciones contra el gobierno de Iván Duque el 28 de abril, el departamento del Valle del Cauca ha sido epicentro de violentas protestas, duramente reprimidas por la fuerza pública.
La mayoría de los 43 homicidios registrados a la fecha ocurrieron en esa región, donde convergen pobreza, racismo, narcotráfico y el conflicto que repunta tras la firma de la paz con la guerrilla FARC, en 2016.
En el municipio de Tuluá, un hombre fue atrapado el 21 de mayo por manifestantes luego de disparar contra un bloqueo. El agresor fue entregado a la justicia y su camioneta fue incinerada.
Los cierres de vías, que se multiplican en el oeste del país y causan desabastecimiento, amenazan con restarle apoyo popular a las manifestaciones antigubernamentales.
El presidente del país, Iván Duque, exige su levantamiento como condición para negociar una salida a la crisis.
El mandatario ordenó a la fuerza pública desmontar esas «expresiones que son violentas», pese a la condena internacional de los excesos cometidos por la policía en la contención de las manifestaciones.
El estallido social, que reclama un país más justo y solidario ante el deterioro económico que agudizó la pandemia, deja de momento más de 2.000 heridos, mientras persisten 84 cierres viales.
